Europa ha propuesto un polémico proyecto de reglamento sobre retornos en la UE que presenta los centros de retorno fuera de la UE como medidas innovadoras para reducir la inmigración irregular.¿La externalización de la gestión de los migrantes ilegales cumple las normas de derechos humanos de la UE?
PUBLICIDADEuropa quiere reducir la inmigración irregular y acelerar el proceso de retorno de las personas cuya solicitud de asilo ha sido rechazada. Teniendo esto en cuenta, la Comisión Europea ha propuesto un Sistema Europeo Común de Retorno. Actualmente, las tasas de retorno se sitúan en torno al 20 por ciento, una cifra que considera insuficiente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
La propuesta incluye la posibilidad de establecer centros de retorno en países terceros sobre la base de acuerdos celebrados bilateralmente o a nivel europeo. Sin embargo, la aplicación y la viabilidad jurídica de tales acuerdos siguen siendo complejas. El protocolo Italia-Albania es un ejemplo de ello.
En 2023, Roma y Tirana firmaron un acuerdo para crear dos centrosdestinados inicialmente a acoger a solicitantes de asilo no vulnerables procedentes de los llamados "países seguros" y rescatados en aguas internacionales. Los tribunales italianos bloquearon el procedimiento en tres ocasiones por motivos legales y constitucionales. Roma decidió entonces añadir nuevas funciones a estos centros, que ya han empezado a utilizarse como centros de retorno, para aquellos cuya solicitud de asilo ha sido denegada. Más de 100 organizaciones de derechos humanos de toda Europa han advertido de que la externalización de las políticas migratorias puede dar lugar a un grave patrón de violaciones de los derechos humanos.
Italia pretende externalizar los procedimientos de asilo: el caso de Moetaz
A unos treinta kilómetros al norte de Nápoles se encuentra el pequeño municipio de Parete, situado en una región conocida por la agricultura y la inmigración. Muchos migrantes vienen aquí en busca de trabajo. El solicitante de asilo egipcio Moetaz llegó en octubre de 2024 para reunirse con su padre Atef (61), que llegó a Italia hace 20 años. Moetaz (28) cruzó el Mediterráneo desde Libia, donde dice que fue detenido y torturado. Tras ser rescatado en aguas internacionales, se convirtió en uno de los primeros solicitantes de asilo que Italia envió directamente a un centro de recepción en Albania.
"Entre la playa de Lampedusa y yo no había más de 200 metros", dijo Moetaz. "Vino un traductor y nos dijo que nos trasladarían a Albania. Dijo: «Solicitaréis el asilo. Si se os concede, iréis a Italia. Si no se os concede, decidirán caso por caso: expulsión o prisión»".
Moetaz estuvo en Albania solo una semana. El Tribunal de Roma rechazó su detención, pues declaró que era imposible reconocer el país de origen de Moetaz como «seguro». Su caso ha expuesto los fallos de todo un sistema que pretende externalizar la gestión de los solicitantes de asilo en Italia, una cuestión que ahora aborda el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El abogado de Moetaz cree que los procedimientos acelerados para migrantes considerados "no vulnerables" y procedentes de los llamados "países seguros" violan la Constitución italiana.
"Desde el punto de vista de los derechos humanos, detener a una persona en un tercer país ―hoy Albania, pero mañana podría ser Túnez, Níger u otro lugar― significa negarle la posibilidad de ejercer sus derechos fundamentales", declaró Gennaro Santoro, abogado de Moetaz. "Incluso en el caso de Albania, que está prácticamente al lado de Italia, no pude ponerme en o con mi cliente antes de la vista. Fue durante la vista cuando ya me enteré de que le habían torturado en Libia y de que huía de Egipto debido a la persecución".
Tobé: "El proyecto de reglamento de la UE sobre retornos difiere del protocolo Italia-Albania"
Tomas Tobé, vicepresidente del Grupo del Partido Popular Europeo y partidario del proyecto de reglamento de la UE sobre retornos, se distanció del protocolo Italia-Albania. Explicó que la propuesta europea pretende utilizar los centros de retorno solo para las personas cuyas solicitudes de asilo ya hayan sido rechazadas. Tobé defendió la necesidad de cooperar con terceros países no europeos:
"No digo que sea fácil. No elegimos a los vecinos de Europa. Oigo muchas críticas procedentes de la izquierda, pero también de la extrema derecha. Y básicamente están diciendo que no deberíamos tener ninguna cooperación. Pero entonces no tienes ninguna solución".
Tobé subrayó que hay que proteger a las personas que tienen derecho de asilo en Europa y que las decisiones negativas deben aplicarse con eficacia.
En 2018, la Comisión Europea declaró ilegales los centros de retorno externos. Los críticos sostienen que, en la actualidad, conceptos antes asociados a la extrema derecha forman parte cada vez más de la política general de la UE.