El enfrentamiento entre el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y Airbnb ha escalado a un nuevo nivel con el aval judicial que respalda la retirada de 65.935 anuncios considerados ilegales
PUBLICIDADEl enfrentamiento entre el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y Airbnb ha escalado a un nuevo nivel con el aval judicial que respalda la retirada de 65.935 anuncios considerados ilegales. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado el recurso de la plataforma contra la primera de tres resoluciones emitidas por el ministerio, que afectaba a 5.800 anuncios de viviendas turísticas en Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y el País Vasco.
En su investigación, el ministerio, liderado por Pablo Bustinduy, identificó múltiples irregularidades en los anuncios de viviendas completas destinadas al uso turístico. Las infracciones detectadas abarcan la omisión del número de licencia o registro obligatorio en varias comunidades autónomas, la falta de claridad sobre si los arrendadores son particulares o profesionales, y el uso fraudulento de números de licencia no expedidos por las autoridades competentes.
Estas prácticas, según el ministro de Consumo, vulneran derechos fundamentales de los consumidores y fomentan el incumplimiento de la normativa vigente.
Licencias falsas y arrendadores anónimos: un doble problema
Uno de los puntos clave señalados por Consumo es la ausencia de transparencia sobre la naturaleza jurídica de los arrendadores. Esto es crucial para determinar si quienes alquilan están protegidos como consumidores. "El hecho de que grandes gestores de pisos turísticos se hagan pasar por particulares no solo vulnera la normativa, sino que también les permite evitar obligaciones como ofrecer un servicio de atención al cliente para gestionar reclamaciones", denuncian desde el ministerio.
Además, la inclusión de números de licencia falsos o no válidos en los anuncios representa una clara amenaza para los consumidores, que pueden ser engañados sobre la legitimidad del alojamiento contratado. Según Consumo, este tipo de prácticas puede inducir a error, comprometiendo la confianza en el mercado turístico.
Un precedente judicial que refuerza la acción ministerial
El fallo del TSJM marca un precedente importante en la cruzada del ministerio contra los anuncios irregulares en plataformas de alquiler turístico. Hasta la fecha, la Dirección General de Consumo ha emitido tres resoluciones que instan a Airbnb a eliminar los 65.935 anuncios ilícitos. Aunque la plataforma recurrió inicialmente estas decisiones, el aval judicial refuerza la postura del ministerio, que ya ha solicitado a la filial europea de Airbnb, con sede en Irlanda, el bloqueo definitivo de los anuncios cuestionados.
El conflicto no solo pone en el centro del debate la regulación del sector turístico, sino también el papel de empresas como Airbnb en garantizar el cumplimiento de las normativas locales. La batalla legal continúa, pero este primer pronunciamiento del TSJM supone un espaldarazo para la estrategia de Consumo y un desafío adicional para la plataforma tecnológica.
La respuesta de Airbnb: "Continuaremos recurriendo"
En un escueto correo en el que 'Euronews' preguntaba a la compañía sobre su posición en este tema, la empresa, originaria de Estados Unidos, considera que el Ministerio de Consumo "no es competente para regular este tipo de alojamientos turísticos".
"Airbnb continuará recurriendo todas las decisiones que afectan a este caso. Estas actuaciones están en desacuerdo con las normativas españolas y europeas. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que no es competente para hacer cumplir las regulaciones en materia de alojamientos turísticos, ha proporcionado un listado de anuncios utilizando una metodología indiscriminada que incluye anuncios que muestran licencias y otros que podrían no necesitarlas (como arrendamientos de temporada que no son oferta turística).
También ha ignorado de manera deliberada las resoluciones del Tribunal Supremo de España que han dejado claro que no todos los anuncios en Airbnb requieren un número de registro".