Sus elevados costes, la oposición de los locales y los problemas técnicos amenazan la viabilidad de la apuesta multimillonaria de la Unión Europea para descarbonizar su industria pesada.
La estrategia europea de captura y almacenamiento de carbono (la conocida como CAC) comienza con mal pie. La UE había fijado unos ambiciosos objetivos para la misma: 50 millones de toneladas anuales de CO₂ para 2030 y 280 millones en 2040. Pero los proyectos desarrollados hasta ahora sugieren que el paso de la teoría a la práctica están fracasando.
La CAC pretende capturar el CO₂ de los emisores industriales, licuarlo, transportarlo y almacenarlo bajo tierra en yacimientos de petróleo o gas agotados o en acuíferos salinos. En la actualidad, solo hay cinco proyectos de CAC operativos en Europa, que capturan un total de2,7 millones de toneladas de CO₂ (MtCO2) al año. De ellos, 1,7 MtCO2 (63% del total) corresponden al procesamiento de gas natural en Noruega, que está fuera de la UE.
Así pues, la estrategia exige construir desde cero una compleja red de infraestructuras con un coste considerable. La Comisión Europea ha dicho que Europa podría necesitar 19.000 km de gasoductos de CO₂ de aquí a 2050 para cumplir este objetivo. Estos planes podrían costar a los contribuyentes hasta 140.000 millones de euros de aquí a 2050, según el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero. Pero una investigación conjunta de varias redacciones europeas muestra que los problemas recurrentes de costes y cuestiones técnicas amenazan ya el éxito de tres grandes proyectos de transporte y almacenamiento de CO₂ que reciben ayudas de la UE.
La estrategia climática del CAC, en entredicho
La actual estrategia climática de la UE depende en gran medida de la captura y almacenamiento de carbono, una tecnología que las empresas petroleras y gasísticas ven con buenos ojos, pero que históricamente ha fracasado a la hora de cumplir sus objetivos. Hasta 2023, los gobiernos y las empresas habían gastado más de 83.000 millones de dólares (73.000 millones de euros) en proyectos de CAC en todo el mundo, según 'Bloomberg'. Pero ese mismo año, la tecnología solamente capturó en torno al 0,1% de las emisiones mundiales.
Según un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), este enfoque "unidireccional" podría dejar de lado otras herramientas de descarbonización, como la expansión de las energías limpias y la mejora de la eficiencia energética. Un ejemplo es la industria del cemento, donde las subvenciones públicas apoyan la CAC para reducir las emisiones, en lugar de investigar medios para reducir directamente el CO₂ durante el proceso de fabricación.
La investigación conjunta de 'IRPI', 'Follow the Money', 'L'Humanite' y 'Mondiaal Nieuws' analiza tres proyectos subvencionados por la UE. Los proyectos analizados -Northern Lights en Noruega, Pycasso en Francia y Callisto en Francia e Italia- son tres de los 14 proyectos seleccionados por la Comisión Europea como Proyectos de Interés Común (PIC), pero ponen de manifiesto los problemas a los que se enfrentan los esfuerzos por ampliar la CAC en todo el continente.
Los costes elevados y los objetivos poco realistas obstaculizan el proyecto nórdico
La noruega Northern Lights, que confía en empezar a funcionar este año, está gestionada por tres empresas de combustibles fósiles: Total Energies (Francia), Shell (Reino Unido) y Equinor, propiedad mayoritaria del Estado noruego. El proyecto tiene previsto almacenar 1,5 millones de toneladas de emisiones en pocos años, empezando por las del productor de fertilizantes Yara, la energética danesa Orsted y la cementera Heidelberg Materials. Pero una investigación publicada en 'Follow the Money' muestra que el proyecto se enfrenta a costes prohibitivos y problemas de logística insalvables.
El 'Lights' utilizará dos buques especialmente diseñados para recoger y transportar el CO₂ licuado capturado por las empresas contaminantes de Dinamarca, Países Bajos y Noruega. Lo recolectado se enviará al puerto de Øygarden, situado al oeste de Bergen, y se bombeará a través de una tubería de 100 kilómetros hasta depósitos geológicos situados bajo el lecho marino del mar del Norte, donde se almacenará de forma permanente.
Las estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) sugieren unos costes medios por tonelada de 30 dólares (27 euros) para el amoníaco, un compuesto utilizado principalmente en la producción de fertilizantes. Según estas estimaciones, Yara podría tener que pagar entre 140 y 202 millones de dólares (entre 123 y 178 millones de euros) cada año para reducir una pequeña parte de sus emisiones. Es una cantidad inasumible para una empresa que el año pasado obtuvo en Europa unos beneficios de 229 millones de dólares (208,39 millones de euros) antes de intereses e impuestos.
El proyecto noruego depende de barcos especializados para transportar CO₂, pero de momento solo existen dos y con una capacidad más que insuficiente: cada uno de ellos tiene capacidad para transportar 8.000 toneladas de CO₂ por viaje. Según los contratos vigentes, Northern Lights recibirá cada año 1,63 millones de toneladas para almacenar.
Las empresas que lideran el proyecto ya han encargado otros dos buques de CO₂ licuado, cuya finalización está prevista para 2026, aunque no está claro cuándo empezarán a transportar emisiones. Incluso con los cuatro buques en servicio, pronto se necesitarán más a medida que se amplíe el proyecto, según la investigación. Cualquier retraso debido al mal tiempo o a dificultades técnicas con los buques pondrá aún más en peligro la capacidad del proyecto para cumplir los objetivos.
Además, el transporte de CO₂ por barco o gasoducto plantea otros problemas. A diferencia del gas natural, el CO₂ se vuelve corrosivo cuando se mezcla con agua. Los tanques de almacenamiento de los barcos deben limpiarse con gases de CO₂ secos para evitar cualquier contaminación con aire húmedo, después de cada descarga.
El proyecto italiano también se enfrenta a costes prohibitivos
Otro proyecto, Callisto, cuyo objetivo es transportar el CO₂ de los emisores industriales de Francia a un lugar de almacenamiento frente a la costa adriática italiana, se enfrenta a desafíos similares. Callisto, una empresa conjunta de la multinacional energética italiana Eni, la empresa de infraestructuras Snam y Air Liquide, compañía sa de servicios petrolíferos y gasísticos, pretende crear la mayor red multimodal de captura y almacenamiento de carbono del Mediterráneo.
El proyecto pretende crear una cadena completa de suministro para la captura, transporte y almacenamiento de carbono en el suroeste de Europa. Pero mientras Callisto planea transportar por gasoducto el CO₂ de clientes industriales de Italia, las emisiones de las empresas sas se transportarán por barco desde el sureste de Francia sorteando la península italiana hasta el Adriático, informa 'IRPI'.
La construcción y el mantenimiento de infraestructuras específicas, como gasoductos y barcos, junto con los costes de transporte y captura, representan una inversión considerable. El precio actual que pagan los contaminadores en virtud del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE) es de unos 80 euros por tonelada, demasiado bajo para justificar que las empresas paguen por la CAC. "Incluso a igualdad de costes unitarios de captura, el transporte desde fuentes muy distantes tendría unos costes prohibitivos, difíciles de conciliar con los valores actuales de los certificados ETS", declara a 'IRPI' Roberto Bencini, experto en CAC de la Comisión Europea.
Los precios del ETS no solo son bajos, sino también volátiles, lo que significa que los costes de transporte podrían hacer rápidamente prohibitivos los costes de almacenamiento, poniendo en riesgo la rentabilidad de los proyectos. "El problema es más bien que el precio es volátil. Así que nadie va a hacer una inversión durante 15 años a menos que tenga algún tipo de garantía de cuál va a ser el precio", afirma Eadbhard Pernot, Secretario General de la iniciativa Zero Emissions Platform (ZEP), que incluye a varias empresas de petróleo y gas implicadas en proyectos europeos de CAC.
La oposición local frena los proyectos de CAC en Francia
Por último, el proyecto francés de Pycasso muestra un problema diferente, pero igualmente acuciante para la infraestructura de CAC. Al almacenar el CO₂ más cerca de los emisores industriales, Pycasso siguió una estrategia que podría haber reducido los costes. Pero el proyecto se abandonó el año pasado debido a la oposición local: según declaró un diputado a 'L'Humanite', Pycasso habría puesto en peligro los 1.700 puestos de trabajo del yacimiento de gas existente en Lacq, mientras que solo habría creado unos 80 nuevos empleos.
Para los defensores de la CAC, los retos económicos a los que se enfrenta son una señal de que debería recibir más dinero público. "Estamos intentando poner en marcha una nueva tecnología a escala comercial. Y esto entraña riesgos que el sector privado probablemente no asumirá, a menos que los gobiernos acepten ofrecer algún tipo de ayuda para reducirlos", afirma Chris Davies, director de CCS Europe.
Pero los críticos sostienen que Europa corre el riesgo de apostar por la CAC como solución milagrosa a expensas de decisiones más difíciles sobre el uso de recursos y el cambio de pautas en la industrialización. "Es un ejemplo de cómo confiamos sobre todo en la tecnología para reducir las emisiones. No puede ser la única solución. Puede ser parte del paquete, pero no debería tener el énfasis que está recibiendo ahora mismo", afirma Maury. "El mayor riesgo de la CAC es que desperdiciemos una década y miles de millones de euros en acciones climáticas que sabemos que funcionarían", declara a 'Euronews' Green Rachel Kennerley, del Center for International Environmental Law.
Información adicional de Carlotta Indiano, Beatrice Cambarau, Bart Grugeon Plana, David Haas, Jule Zentek y Simon Guichard. Este artículo ha contado con el apoyo de Journalismfund Europe.