Las ONG denuncian que las autoridades españolas hacen la vista gorda ante las actividades de sus flotas en Senegal y Guinea Bissau.
PUBLICIDADDos ONG ecologistas, ClientEarth y Oceana, han interpuesto una demanda contra el Gobierno español, alegando incumplimientos en la investigación y sanción de buques de pabellón español sospechosos de pesca ilegal en aguas de África Occidental. La demanda, presentada en Madrid, acusa a las autoridades españolas de incumplir sus obligaciones en virtud de la legislación de la UE, al ignorar a los buques que han desconectado repetidamente sus sistemas de localización mientras faenaban frente a las costas de Senegal y Guinea Bissau.
Pesca 'a oscuras' durante largos períodos
En el centro del desafío legal está el uso de Sistemas de Identificación Automática (AIS, por sus siglas en inglés). Esta tecnología de seguimiento es obligatoria para todas las embarcaciones de más de 15 metros de eslora y favorece la seguridad y la transparencia en el sector pesquero.
Un análisis de la organización sin ánimo de lucro Global Fishing Watch reveló que varios buques de pabellón español parecían quedarse 'a oscuras' durante largos períodos entre 2020 y 2023. Un barco supuestamente apagó su AIS durante más de un año durante ese período. "Lo que nos desconcierta es por qué estos barcos apagan sus señales de identificación pública, quedándose 'a oscuras' durante períodos tan largos", dijo en un comunicado Nils Courcy, abogado de ClientEarth.
Las ONG sostienen que esta actividad podría enmascarar prácticas ilícitas que no solo amenazan la biodiversidad marina, sino que también socavan las economías y la seguridad alimentaria en una de las regiones más pesqueras del mundo. "Esta falta de transparencia podría estar relacionada con el fraude", añadió Courcy.
En 2023, las ONG solicitaron formalmente a las autoridades españolas que investigaran las anomalías del AIS. Afirman que España se ha negado a hacerlo, lo que ha motivado la acción legal.
Lagunas jurídicas y consecuencias globales
Cuando se trata de obligaciones legales en la industria pesquera globalizada, las aguas son turbias. Las autoridades españolas alegan que carecen de jurisdicción para actuar contra ciudadanos o empresas que faenen fuera de las aguas de la UE, a menos que los buques figuren en una lista negra internacional. Las ONG sostienen que esta postura es contraria a la legislación de la UE.
"La legislación de la UE prohíbe explícitamente a sus ciudadanos y empresas participar o apoyar la pesca ilegal en cualquier parte del mundo", declaró Ignacio Fresco Vanzini, asesor político principal de Oceana. "Si lo hacen, los Estados deben identificarlos y sancionarlos, independientemente de que estos buques formen parte de listas negras oficiales".
Muchas empresas españolas establecen sociedades conjuntas con firmas locales o reabanderan buques en países como Senegal o Guinea Bissau, lo que les permite beneficiarse económicamente de las ricas zonas pesqueras de África Occidental y, al mismo tiempo, eludir la normativa de la UE. Aunque técnicamente operan con arreglo a las leyes locales, esos buques siguen siendo propiedad de entidades españolas.
La aplicación de la normativa es una cuestión aún más compleja. El derecho internacional atribuye la responsabilidad de hacer cumplir la normativa a los Estados ribereños y de abanderamiento. Pero las ONG creen que cuando esas autoridades no actúan, España debe intervenir.
La pesca ilegal: un problema europeo más amplio
La demanda se produce en medio de un creciente escrutinio de las prácticas pesqueras mundiales. En febrero de 2025, varias ONG demandaron al Gobierno francés por no haber puesto fin a la pesca de arrastre de fondo en las reservas marinas, alegando que las autoridades habían ignorado las prácticas perjudiciales en las zonas protegidas.
Senegal, por su parte, recibió una 'tarjeta amarilla' de advertencia de la UE en 2024 por su incapacidad para controlar las actividades pesqueras ilegales. Pero algunos países están redoblando sus esfuerzos para proteger sus hábitats naturales. Finlandia y Suecia unieron fuerzas en 2024 para reprimir la pesca ilegal de salmón en , mientras que Portugal amplió sus zonas marinas protegidas, convirtiéndolas en la mayor red de este tipo de Europa.
Las codiciadas poblaciones de peces de África Occidental
La costa de África Occidental es una de las zonas pesqueras más productivas del mundo y atrae a flotas de China, Rusia, Corea del Sur y la UE. Cabe destacar que los buques españoles representan el 73% del total de flotas industriales extranjeras que faenan en esa zona.
A través de los acuerdos de asociación para la pesca sostenible (AAPS), los buques de la UE pueden pescar legalmente los excedentes de las zonas económicas exclusivas a cambio de una compensación económica. Pero estos acuerdos están ahora bajo presión.
El acuerdo de la UE con Senegal, que permitía a los buques de la UE pescar atún y merluza, no se renovó después de que el país recibiera una tarjeta amarilla. El acuerdo con Guinea Bissau se mantiene intacto y permite a los buques de la UE pescar atún, gambas y cefalópodos como calamares y pulpos. Pero no está claro hasta qué punto es sostenible.
Según la Organización Internacional para las Migraciones, se calcula que los ingresos de los pescadores artesanales de África Occidental han disminuido un 40% en los últimos años. En Senegal, donde la pesca es responsable indirecta de más de medio millón de puestos de trabajo, las capturas han disminuido un 75% en la última década.
Con la desaparición de las poblaciones de peces, las comunidades locales se enfrentan a riesgos que van desde la inseguridad alimentaria a la pérdida de empleo y la migración forzosa. Si ClientEarth y Oceana ganan su caso, las autoridades españolas podrían verse obligadas a investigar las grandes zonas grises de la pesca, y tal vez empezar a abordar estos problemas.