La necesidad de una nueva reforma se hace evidente en el bloque tras tener que hacer frente a la pandemia del COVID-19, la guerra de Rusia contra Ucrania, una crisis energética y una inflación récord.
PUBLICIDADLa Unión Europea se apresura a reformar sus normas fiscales, con un plazo autoimpuesto para concluir los trabajos que finaliza en fin de año.
El camino, no obstante, no será fácil, ya que las discrepancias políticas siguen siendo profundas y amplias.Las normas se remontan a finales de los años 90, cuando los Estados que pretendían adoptar el euro debían mantener su déficit presupuestario por debajo del 3 % del producto interior bruto (PIB) y su deuda pública por debajo del 60 % en relación con el PIB.
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) se aplica ahora a todos los países de la UE en un intento de garantizar unas finanzas sanas y saneadas.
Desde entonces, se ha ido modificando para hacer frente al colapso financiero de 2007 y la consiguiente crisis de la deuda soberana, que llevó a algunos países a adoptar dolorosas medidas de austeridad con el fin de frenar su gasto desorbitado.
Si avanzamos hasta 2023, la necesidad de una nueva reforma se hace evidente: en solo tres años, el bloque ha hecho frente a la pandemia del COVID-19, la guerra de Rusia contra Ucrania, una crisis energética y una inflación récord. Si a todo eso añadimos el agravamiento de los efectos del cambio climático y una feroz carrera mundial por la tecnología punta, el resultado es un panorama económico profundamente transformado.
Cuatro puntos de fricción
El pasado mes de abril, la Comisión Europea propuso una revisión de las antiguas normas fiscales para hacerlas más resistentes al futuro.
Se mantenían intactos los objetivos del 3 % y el 60 %, que algunos economistas consideraban obsoletos y arbitrarios, pero introducía cambios importantes en la forma de alcanzar ambas cifras en la práctica.
Cada Estado miembro tendría que diseñar un plan fiscal a medio plazo para recortar sus niveles de déficit a un ritmo creíble y situar la deuda pública en una "senda descendente plausible", que tendría que negociar con la Comisión Europea y aprobar el Consejo de la UE.
Los ajustes fiscales necesarios para alcanzar —o al menos acercarse— a las marcas del 3 % y el 60 % se llevarían a cabo a lo largo de un periodo de cuatro años, coincidiendo con los ciclos electorales, y podrían ampliarse a siete años a cambio de nuevas reformas e inversiones.
Aunque la combinación de sostenibilidad fiscal y apropiación nacional ha sido bien acogida en todos los ámbitos, los ministros de Economía y Hacienda se han pasado los últimos meses regateando sobre disposiciones de extremo tecnicismo.
Con la esperanza de salvar las distancias, España, que ostenta actualmente la Presidencia rotatoria del Consejo, ha dividido las conversaciones en cuatro "bloques de construcción", que resultan ser los cuatro puntos de fricción en torno a la mesa. La presión es evidente, ya que las normas fiscales están suspendidas y volverán a entrar en vigor el 1 de enero.
Salvaguardias para la reducción de la deuda
Todos en la UE están de acuerdo en que los altos niveles de deuda pública son perjudiciales y deben reducirse. En lo que nadie está de acuerdo es en el ritmo de esta reducción. ¿Cómo de rápido es demasiado rápido? O más bien, ¿cómo de lento es demasiado lento?
Países como Francia, Italia, España, Portugal y Grecia, cuyos ratios deuda/PIB superan el umbral del 100 %, quieren mantener la mayor flexibilidad posible. Argumentan que los planes a medio plazo tendrían en cuenta sus características nacionales y les permitirían allanar su propio camino hacia unas finanzas saneadas.
Pero un grupo más amplio, que incluye a Alemania, Países Bajos, Austria, Dinamarca y los tres estados bálticos, teme que se abuse de este margen de maniobra y se produzca un descenso excesivamente lento de la deuda que debilitaría la credibilidad de las normas fiscales de cara a los mercados de capitales.
A principios de abril, Alemania publicó un documento oficioso en el que abogaba por una "salvaguardia común" que obligara a los Estados con ratios deuda/PIB superiores al 60 % a reducir sus niveles de endeudamiento en un 0,5 % o un 1 % anual, dependiendo de su punto de partida.
"También debería garantizarse que se logra una reducción real de los ratios de deuda sobre una base anual", decía el documento.
Días después, la Comisión hizo una insinuación abierta a Berlín al proponer salvaguardias, entre ellas la exigencia de recortar los niveles de déficit en un 0,5 % del PIB al año hasta situarlos por debajo de la barrera del 3 %.
Sin embargo, el Ejecutivo no introdujo una norma uniforme para recortar los niveles de deuda en un determinado porcentaje cada año, que era precisamente lo que Alemania había reclamado. En su lugar, introdujo un requisito vagamente redactado que expone que los ratios deuda/PIB deben ser más bajos al final de los planes a medio plazo que al principio.
Esto no satisfizo a Christian Lindner, ministro de Finanzas de Alemania, que desde entonces ha abogado por salvaguardias numéricas que garanticen la "igualdad de trato" entre países y aseguren resultados tangibles. Pero su homólogo francés, Bruno Le Maire, rechazó esta idea advirtiendo que unas normas automáticas serían un "error político" y perjudicarían el crecimiento económico y la productividad. Sóoo un compromiso franco-alemán podría desbloquear la situación.
Reformas e inversiones
Las ambiciones a largo plazo de la UE tienen un precio muy alto. Solo para hacer realidad el Pacto Verde, el bloque necesitará 620 000 millones de euros en inversiones adicionales cada año hasta 2030. Para la transición digital se necesitarán por su parte 125 000 millones de euros anuales, mientras que el gasto en defensa podría requerir hasta 75 000 millones de euros hasta 2025.
Se espera que la mayor parte del dinero proceda del sector privado. Aun así, estas cifras tan desorbitadas hacen que los Gobiernos se pregunten cómo se las arreglarán para conseguir sumas tan ingentes.
Por eso, la cuestión de las reformas y, en particular, las inversiones, ocupan un lugar destacado en la reforma de las normas fiscales. La Comisión afirma que su propuesta deja espacio suficiente para que los Estados , por un lado, inyecten fondos en prioridades como las energías limpias y los microchips avanzados y, por otro, mantengan el gasto público en niveles "prudentes".
Pero algunas capitales no están convencidas y están presionando para introducir la llamada "regla de oro", que eliminaría ciertas inversiones clave del cómputo de los ratios de déficit y deuda, librándolas de hecho de la vigilancia fiscal.
Italia, el país que más se ha pronunciado a favor, ha sugerido los fondos de recuperación y los proyectos militares como posibles áreas que podrían entrar en la "regla de oro".
"Las inversiones y el gasto vinculados a las prioridades europeas, incluida la Defensa, son objetivos políticos estratégicos que nuestras normas fiscales no pueden ignorar", declaró en octubre Giancarlo Giorgetti, ministro de Economía de Italia.
La coalición liderada por Alemania se opone frontalmente a cualquier tipo de "regla de oro" porque, dicen, una exención sentaría el precedente para otras exenciones en el futuro y abriría agujeros en el marco fiscal, mermando su eficacia.
Aplicación
Las actuales normas fiscales cuentan con un mecanismo corrector conocido como Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE), que se activa cuando el ratio déficit/PIB de un país supera el umbral del 3 %. A pesar de su nombre, también puede activarse cuando el ratio deuda/PIB supera el techo del 60 % y no disminuye "a un ritmo satisfactorio".
Si un país, tras ser sometido al PDE, no toma medidas suficientes para corregir sus irregularidades financieras, se le puede imponer una multa de hasta el 0,5 % de su PIB.
Sin embargo, la amenaza de pagar no se ha traducido en una mejor aplicación de la normativa. El marco fiscal de la UE ha sido criticado periódicamente por su aplicación suave y desigual, ya que los niveles de deuda se dispararon por encima de la marca del 100 %, pero nunca se han impuesto multas.
Bruselas quiere endurecer las cosas y ha propuesto cambios para acelerar el PDE en caso de que un país se desvíe de los compromisos adquiridos en su plan a medio plazo. Para los países muy endeudados que se desvíen, el PDE se pondrá en marcha por defecto. La reforma también prevé multas menores que podrían tener más posibilidades de aplicarse y medidas de reputación, como llevar a los ministros ante el Parlamento Europeo.
Las conversaciones en curso pretenden afinar estas disposiciones, con los países de mentalidad frugal presionando para obtener garantías más sólidas que aseguren que la aplicación adecuada se convierta en una realidad.
Equilibrio institucional
El último punto de fricción es el menos sorprendente, porque se deriva de la conocida lucha de poder entre la Comisión y el Consejo.
Según la propuesta actual, la Comisión emitiría orientaciones económicas a cada país y negociaría el plan a medio plazo, que debería trazar el camino para una reducción progresiva de los niveles de déficit y deuda junto con reformas e inversiones.
Imitando el método utilizado para los fondos de recuperación COVID-19, los planes fiscales serían entonces aprobados por el Consejo y su aplicación correría a cargo de cada Gobierno, bajo la supervisión de la Comisión. El Ejecutivo evaluaría si se están cumpliendo los compromisos y, en caso necesario, propondría medidas correctoras.
Esta forma de trabajar ha suscitado temores de que el Ejecutivo concentre demasiado poder en todo el proceso y que, como consecuencia, los Estados queden relegados a un segundo plano. Los debates se centran ahora en cómo modificar este reparto de poder.
"Es bueno tener otro par de ojos", dijo al respecto un alto diplomático, que sugirió implicar en el procedimiento al Consejo Fiscal Europeo, un organismo consultivo independiente.
El equilibrio institucional y el cumplimiento de la normativa se consideran los más avanzados de los cuatro pilares, mientras que las salvaguardias y las inversiones siguen siendo retos formidables.