Francisco Martínez permanecerá en prisión preventiva hasta que la Policía asegure las bases de datos con la información robada. Las autoridades lo investigan, junto a 'Alcasec', por presuntos delitos informáticos y de blanqueo de capitales.
PUBLICIDADLa magistrada María Tardón ha ordenado este jueves el ingreso en prisión provisional del que fuera secretario de Estado de Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, Francisco Martínez, según informaron medios españoles, tras su comparecencia como imputado en la Audiencia Nacional. La juez ha establecido la misma medida para los otros dos investigados, entre ellos el hacker José Luis Huertas, más conocido como 'Alcasec'.
El exnúmero dos de Interior español entrará en prisión provisional sin fianza hasta que la Policía Nacional asegure las bases de datos presuntamente creadas por 'Alcasec' para consultar toda la información que se obtuvo de manera ilícita.
María Tardón ha tomado esta medida para Martínez frente al riesgo de destrucción o alteración de las pruebas. En el caso del hacker, aparte de estos dos factores, también existe el riesgo de reiteración delictiva y fuga.
La operación Borraska
Este semana, medios españoles dieron a conocer la noticia de la detención del exsecretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, Francisco Martínez (Partido Popular) en la misma operación en la que había sido arrestado el hacker reincidente José Luis Huertas, alias 'Alcasec' junto con otras dos personas. Los detenidos estarían involucrados en una red que robaba y comercializaba datos de sistemas de organismos públicos y privados.
La Policía y la Audiencia Nacional han informado de los detalles de las detenciones que, concretamente, están relacionadas con delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, descubrimiento y revelación de secretos, allanamiento o intrusismo en un sistema informático y apoderamiento y cesión de datos reservados.
Las autoridades han comprobado que la red se había hecho con información sensible de millones de ciudadanos, entre la que se incluían datos personales de sistemas educativos, el registro civil, abonos de transporte, plataformas de facturación de compañías eléctricas, registros telefónicos y hasta de mascotas.
Una amenaza con capacidad de desestabilización económica
La Policía ha definido el sistema creado por la red del hacker y el exsecretario del Interior como "una amenaza estructural con capacidad de desestabilización económica y estratégica", dada la complejidad y sofisticación de sus operaciones y la escala de datos gestionados.
La operación bautizada como Borraska y desarrollada por agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional junto al Centro Criptológico Nacional y la Policía de Andorra, comenzó en 2024 tras detectarse una serie de ciberataques contra infraestructuras informáticas de organismos públicos, empresas energéticas, puertos, sistemas de transporte, redes telefónicas y plataformas educativas.
El miércoles, la Policía difundió algunos detalles del éxito de la operación en su cuenta de X: "Desmantelada una red de inteligencia dedicada a cometer ciberataques a organismos públicos y empresas estratégicas cuatro personas detenidas en Madrid, Córdoba y Andorra".
Además, la Policía explicó que los criminales "desarrollaron una infraestructura tecnológica sofisticada con servidores en la nube y transacciones con criptoactivos". Para ocultar su operativa el grupo proyectaba servicios de inteligencia privada encubiertos como consultoría tecnológica.
Afortunadamente, los investigadores consiguieron identificar los servidores principales y así como recuperar las bases de datos alojadas en la nube. Esto permitió salvaguardar información sensible vinculada a millones de ciudadanos.
Una red perfectamente organizada
La estructura criminal funcionaba como una red de inteligencia privada, según los investigadores, cada miembro tendría sus funciones bien definidas que irían desde la istración tecnológica a la expansión internacional y comercialización en mercados oscuros.
La red se presentaba como un entorno de asesoramiento tecnológico legítimo, blanqueando su operativa mediante estructuras societarias y servicios de consultoría, lo que les abría las puertas a entornos económicos e institucionales y a sus bases de datos.
Según informaron medios españoles, fuentes de la defensa de Martínez, que se encuentra pendiente de juicio por el caso Kitchen -por el presunto espionaje al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, en 2013-, el exsecretario de Estado del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Rajoy habría sido abogado de ‘Alcasec’ cuando este era menor de edad y lo ayudó a constituir dos sociedades.
La investigación se centraría en el presunto uso por parte de ‘Alcasec’ de esas dos sociedades en las que habría colaborado Martínez para meter el dinero de las ganancias obtenidas a través de operaciones de hackeo y lograr blanquearlo.