Según estimaciones de la Comisión, los nuevos ajustes de la normativa agraria de la UE podrían ahorrar a los agricultores hasta 1.580 millones de euros anuales, pero mantienen la tendencia a flexibilizar la arquitectura agraria ecológica de la UE.
Hoy se ha presentado en Bruselas la última de una serie de iniciativas de simplificación, denominadas paquetes "ómnibus" durante el segundo mandato de Ursula von der Leyen, centradas en la agricultura.
Las medidas pretenden reducir lo que la Comisión considera cargas istrativas innecesarias en la aplicación de la Política Agrícola Común (PAC), el marco de ayudas a la agricultura de la UE.
Los cambios pretenden racionalizar los controles en las explotaciones y los requisitos de información, abordando solapamientos en ámbitos como la normativa sobre agricultura ecológica y las condiciones medioambientales.
"Este paquete es mucho más que una simplificación. También se trata de impulsar la competitividad, aumentar la resistencia del sector y, por supuesto, la digitalización", ha declarado Christophe Hansen, comisario de Agricultura de la UE.
Entre las propuestas, se animará a las istraciones nacionales a desarrollar sistemas digitales interoperables que se adhieran al principio de "informar una vez, utilizar varias veces".
Esto permitiría a los agricultores presentar sus datos a través de una plataforma única, lo que reduciría el papeleo, abarataría los costes y mejoraría la gestión general de las explotaciones. Con este paquete de reformas, la Comisión Europea espera ahorrar a los agricultores hasta 1.580 millones de euros anuales y a las istraciones nacionales unos 210 millones.
Normas verdes: ¿relajación o pragmatismo?
Uno de los aspectos más debatidos de la reforma es la supuesta relajación de las condiciones medioambientales vinculantes ligadas a la financiación de la PAC, medida que se considera una respuesta a las protestas generalizadas de los agricultores el año pasado.
Sin embargo, la Comisión insiste en que no está desmantelando la arquitectura ecológica de la PAC, y que ocho de las nueve condiciones medioambientales se mantendrán, pero ahora se aplicarán de forma más pragmática. Esto significa que los Estados podrán cumplir los objetivos de la UE mediante normas nacionales equivalentes.
"Si las condicionalidades se solapan con requisitos nacionales obligatorios ya existentes, las consideraremos equivalentes. No se impondrán obligaciones adicionales a los agricultores", declaró Hansen en rueda de prensa.
Añadió que la Comisión se ha enfrentado a retos a la hora de aplicar normas medioambientales uniformes en un sector agrícola diverso, y que ahora está adoptando un enfoque más territorial y adaptado.
El eurodiputado austriaco de Los Verdes, Thomas Waitz respondió con cautela: "Una mayor flexibilidad para los Estados no debe ir en detrimento de la protección del medio ambiente y la salud pública, especialmente con riesgos crecientes como la contaminación del agua por pesticidas y fertilizantes".
Los críticos sostienen que la UE puede estar dando marcha atrás en sus compromisos ecológicos, mientras que otros consideran que se trata de una respuesta pragmática a una estrategia que no ha cumplido sus objetivos de sostenibilidad.
Un nuevo rumbo para la gobernanza agrícola
El paquete marca un cambio significativo en la forma en que la UE planea gobernar la agricultura, sentando las bases para la próxima propuesta sobre la PAC post-2027, que se espera que siga a la presentación del presupuesto a largo plazo de la UE.
Para ayudar a los pequeños agricultores, se duplicará el umbral de los pagos anuales a tanto alzado, que pasarán de 1.250 a 2.500 euros. Además, una nueva opción de financiación simplificada permitirá a las pequeñas explotaciones recibir hasta 50.000 euros para mejorar su competitividad.
Los agricultores afectados por catástrofes naturales o brotes de enfermedades animales se beneficiarán de mayores ayudas de crisis en el marco de los planes estratégicos nacionales de la PAC, con el apoyo de instrumentos de gestión de riesgos más flexibles.
La reserva agrícola de la UE se reservará ahora estrictamente a las perturbaciones del mercado a escala de la UE, y no a acontecimientos nacionales como las heladas, para garantizar un uso más selectivo de los fondos.
Los Estados también tendrán más margen para revisar sus planes estratégicos nacionales, es decir, las hojas de ruta anuales que las capitales de la UE enviaban a Bruselas para cumplir los objetivos de la PAC.
Sólo las modificaciones estratégicas requerirán la aprobación previa de la Comisión, lo que acelerará el proceso para que los agricultores puedan beneficiarse de los cambios. La propuesta legislativa se presentará ahora al Parlamento Europeo y al Consejo para su adopción.