Las notificaciones de retorno de extranjeros se redujeron a la décima parte, cuando el número de inmigrantes casi se triplicó. El Gobierno ha querido poner orden y va a expulsar al menos a 18.000 personas. 'Euronews' da una explicación de lo que está pasando con la inmigración en Portugal.
PUBLICIDADPortugal tiene ahora oficialmente 1.546.521 inmigrantes. Cada año entran más de 100.000. Esta nueva población cubre las necesidades de mano de obra, estimula el consumo y refuerza las cuentas de la Seguridad Social. En 2024, por ejemplo, los inmigrantes darán a la Seguridad Social un saldo positivo de 3.600 millones de euros y representarán el 12,4% del total de las cotizaciones.
Las estadísticas divulgadas por el Gobierno a principios de abril, en el informe "Población extranjera en Portugal", elaborado por la Agencia de Integración, Migración y Asilo (AIMA), muestran que pronto podría haber más de 1,6 millones. Esto se debe a los cerca de 50.000 inmigrantes acogidos al "régimen transitorio" creado por el Parlamento portugués, que ya se encontraban en Portugal antes del 3 de junio de 2024 y ya han solicitado regularizar su presencia.
Si se confirman las previsiones, la población extranjera representará alrededor del 15% de los 10,6 millones de residentes empadronados en Portugal. Se trata de un aumento que cuadruplica las cifras de 2017.
¿Qué ha cambiado?
Cuando el Gobierno de Alianza Democrática tomó posesión hace 11 meses, había en Portugal más de 400.000 expedientes pendientes relativos a ciudadanos inmigrantes, heredados del Gobierno anterior.
En junio del año pasado, el ministro de la Presidencia, António Leitão Amaro, creó una estructura de misiones para acelerar el proceso. El trabajo, dirigido por Luís Goes Pinheiro, comenzó en septiembre y ya cuenta con más de 220.000 inmigrantes atendidos en todo el país.
Este grupo de trabajo era una de las 41 medidas del Plan de Acción sobre Migración, anunciado el 3 de junio del año pasado. La primera operación fue poner fin al mecanismo de manifestaciones de interés, implantado en 2017 por el Gobierno de António Costa.
El procedimiento permitía a cualquier extranjero entrar en Portugal y solicitar la regularización en el país, siempre que estuviera dado de alta y al corriente de pago con la Seguridad Social y tuviera un contrato de trabajo o recibos verdes.
Hasta entonces, era la forma más utilizada para permanecer en Portugal y fue señalada por el actual Gobierno como la causa de la falta de control en la inmigración. Un informe de evaluación de la Gestión de la Migración en Portugal, elaborado por la Associação Para Memória Futura SEF (APMFSEF), indica que desde 2017 se han registrado en Portugal más de un millón de manifestaciones de interés.
Desde el 3 de junio de 2024, cuando se revocó el régimen de manifestaciones de interés, se ha producido una reducción del 59% en el flujo de entradas en Portugal. "Se constató que el flujo de entrada de ciudadanos extranjeros con vistas a obtener un permiso de residencia cayó de 156.951 en el primer semestre de 2024 a 64.848 en el segundo semestre de 2024", reza el informe presentado por el Gobierno en abril.
El Gobierno explica que "el flujo de entradas corresponde a la suma de los registros de manifestaciones de interés en el periodo analizado y el total de visados de demandante de empleo y de residencia de todo tipo".
Desde septiembre del año pasado, de las 446.921 manifestaciones de interés pendientes, 261.101 personas han sido inscritas y 241.183 ya han sido atendidas en persona. 177.026 inmigrantes no respondieron a los os de AIMA, y sus casos fueron cancelados.
El Partido Socialista (PS), que implantó este sistema, dejó de defenderlo recientemente, y el actual líder, Pedro Nuno Santos, itió que el Gobierno de Costa no lo hizo todo bien y que la manifestación de interés ya no era un mecanismo útil en estos momentos.
Retorno de extranjeros ilegales
Dentro de los más de 440.000 expedientes pendientes de tramitación, que están siendo atendidos por la Estructura de Misión AIMA creada al efecto, se ha creado un grupo específico de trabajadores de AIMA para hacer un seguimiento de los casos que han sido rechazados por diversos motivos: tener medidas cautelares por haber estado irregulares en otros países Schengen, no tener antecedentes penales limpios o no presentar la documentación necesaria.
De los casos con propuesta de decisión negativa, que hasta ahora suman unos 18.000, ya hay 4.579 con decisión final de rechazo, que serán notificados para abandonar voluntariamente el territorio portugués, como exige la legislación portuguesa.
De ellos, 3778 fueron rechazados por encontrarse en situación irregular en otro Estado miembro de la Unión Europea. Esta notificación les da entre 10 y 20 días para abandonar el país. Si no lo hacen, se abre un procedimiento de expulsión forzosa.
De estos 18.000 rechazos de manifestaciones de interés que están generando los avisos para abandonar el territorio nacional, el 75% (13.393) son inmigrantes procedentes del subcontinente indio (la mayoría de India y Bangladesh, y el resto de Pakistán, Nepal y Sri Lanka).
Menos del 2,5% (449) proceden de los países africanos de habla portuguesa (PALOP), entre los que apenas figuran Mozambique y Cabo Verde. El 7% (1.209) proceden de otros países africanos (no lusófonos, sobre todo del Magreb). El resto procede de América Latina y Asia.
La decisión del Gobierno de en plena campaña electoral ha sido comparada con la política de Donald Trump. La oposición acusa al Gobierno de Luís Montenegro de "electoralismo" y "propaganda" en una disputa sobre los votantes de Chega, un partido que siempre ha sido muy reivindicativo sobre el control de la inmigración en Portugal.
En su defensa, el Gobierno alega que la Comisión Europea lleva varios años pidiendo a Portugal que refuerce su capacidad de retorno y que "evaluó muy negativamente a Portugal en este parámetro durante la evaluación de Schengen".
"Cuando el SEF aún no había sido destruido por el PS y funcionaba, al inicio del periodo de Antonio Costa, y expulsaba a quienes no cumplían las normas, ¿también eran deportaciones al estilo Trump?", se pregunta el Gobierno en un comunicado, denunciando que el régimen de manifestaciones de interés y la quiebra del SEF "hacían casi imposible estar en situación de irregularidad e imposibilitaban la ejecución de cualquier decisión de expulsión, ya que los afectados podían presentar siempre y en cualquier momento una manifestación de interés y paralizar la expulsión".
Según el Gobierno, tras la desinversión en este ámbito y la desaparición del SEF, la disminución de los rendimientos era innegable. "Portugal ha dejado de hacer su parte en la política migratoria no sólo de nuestro país, sino también de Europa", acusa.
Evolución de las notificaciones de salida voluntaria a través del número de extranjeros en Portugal
En 2016, al inicio del Gobierno de António Costa, mucho antes de la supresión del SEF (en 2023) y un año antes de la creación del régimen de manifestación de interés (2017), se registró el mayor número de notificaciones de abandono (5.470) hasta la fecha. Ese año había 400.000 extranjeros en Portugal, una cuarta parte de la población actual.
Desde 2016, el número de notificaciones ha disminuido año tras año (con la excepción de 2019), a pesar de que el número de extranjeros ha aumentado considerablemente.
Con la creación del régimen de manifestación de interés en 2017 y, posteriormente, en 2019, con el cambio de este régimen, que ahora ofrece una vía de regularización a los extranjeros que residen ilegalmente en Portugal, el número de extranjeros residentes en Portugal ha crecido exponencialmente, pasando de poco más de 400.000 a casi 1,6 millones en la actualidad.
Sin embargo, las notificaciones de retorno han ido disminuyendo: de 2019 a 2024 cayeron a la décima parte, cuando el número de extranjeros casi se triplicó. En 2024 solo hubo 447 notificaciones.
"Esta trayectoria refleja no sólo el irresponsable desmantelamiento del SEF y la falta de preparación en la creación de AIMA, sino también el efecto pernicioso del régimen de manifestación de interés", acusa el Gobierno de Luís Montenegro en el comunicado enviado a la prensa.
¿Cómo funciona el proceso de expulsión en Portugal?
En Portugal, el proceso de expulsión de un extranjero en situación irregular consta de varias etapas. En primer lugar, se detecta la residencia ilegal de un extranjero, a lo que sigue la notificación al nacional para que abandone el país voluntariamente (NAV) en un plazo de entre 10 y 20 días -prevista en el artículo 138 de la Ley de Extranjería-.
Cuando se comprueba que un ciudadano ha incumplido el deber de abandonar voluntariamente el país en el plazo fijado en la NAV, se le detiene en virtud del artículo 146 de la Ley de Extranjería. Cuando son llevados ante un juez, pueden ser detenidos en centros de instalación temporal (CIT), que se utilizan para recibir y retener a los nacionales de terceros países sometidos al procedimiento de detección, así como al procedimiento de expulsión del territorio nacional.
Como consecuencia del internamiento, se abre un procedimiento de expulsión forzosa, que es analizado y resuelto por la AIMA. Si no se cumple esta decisión y no se ha presentado recurso o solicitud de asilo para suspender la decisión de expulsión, el ciudadano será conducido coercitivamente a la frontera, con escolta policial si es necesario.