La Comisión Europea ha permitido este miércoles el desbloqueo de 10.200 millones de euros de fondos de cohesión para Hungría, casi un año después de que el dinero fuera congelado por la incapacidad del país para resolver los persistentes problemas de Estado de Derecho.
PUBLICIDADLos 10.200 millones de euros no se pagarán de una vez, sino en tramos graduales, en función de los proyectos de desarrollo presentados por el Gobierno de Hungría.
La decisión se produce en un contexto político cada vez más tenso, en el que el primer ministro Viktor Orbán ha intensificado su campaña de oposición para impedir la apertura de las negociaciones de adhesión con Ucrania, bloquear un fondo especial de 50.000 millones de euros para sostener el presupuesto de la nación devastada por la guerra y detener la concesión de ayuda militar.
Los tres asuntos de máxima importancia se debatirán esta semana en una cumbre de dos días de los líderes de la UE. Se necesita unanimidad para sacarlas adelante. La convergencia de acontecimientos -la liberación del dinero congelado y la amenaza de veto de Orbán- ha alimentado las especulaciones de que Bruselas está haciendo un tira y afloja para apaciguar a Budapest, algo que la Comisión Europea ha negado enérgicamente.
La impresión se vio reforzada el martes cuando el director político del primer ministro itió abiertamente en una entrevista que era posible un quid-pro-quo.
"La financiación de Hungría por la UE y la de Ucrania son dos cuestiones separadas", declaró el asesor a Bloomberg. "Pero si la UE insiste en que la financiación de Ucrania debe proceder de un presupuesto comunitario modificado, entonces las dos cuestiones quedan vinculadas".
La Comisión insiste en que la decisión es una respuesta procesal a una reforma judicial que Hungría introdujo en primavera para reforzar la independencia judicial y mitigar la interferencia política en los tribunales. La reforma se diseñó específicamente para satisfacer las condiciones, o "súper hitos", que el ejecutivo había impuesto para desbloquear la tesorería.
Sin embargo, según un análisis conjunto de Amnistía Internacional y el Comité Húngaro de Helsinki, las medidas no llegan a subsanar las deficiencias señaladas por Bruselas: "Las soluciones adoptadas, incluido su método de adopción, son improvisadas e infringen las leyes y los estatutos pertinentes, así como los principios del Estado de derecho", señala el análisis.
En total, Hungría debe cumplir 27 "súper hitos", así como cuatro "condiciones de habilitación horizontales", que, en algunos casos, se solapan entre sí.
Sin embargo, la reforma sólo sirve para cumplir los hitos relacionados con el poder judicial, lo que significa que el país seguirá sin recibir 11.700 millones de euros de los fondos de cohesión, incluidos los 6.300 millones paralizados en virtud del llamado "mecanismo de condicionalidad" por problemas relacionados con la contratación pública y los conflictos de intereses que suponen un riesgo para el presupuesto de la UE.
El resto del dinero corresponde a áreas temáticas como el derecho a la libertad académica (2.000 millones de euros) y la protección de los derechos LGTBQ+ (600 millones de euros), entre otras.
Hungría no está cerca de desbloquear esta dotación financiera, ya que "no ha tomado las medidas necesarias", según declaró el mes pasado un funcionario de la UE.
Además, Hungría sigue sin poder acceder a su plan de recuperación y resiliencia de la COVID-19, dotado con 10.400 millones de euros en subvenciones y préstamos a bajo interés. Sólo se han desembolsado 920 millones de euros en concepto de "prefinanciación" para proporcionar liquidez inmediata a proyectos energéticos.
En su entrevista con Bloomberg, el director político de Orbán dijo que todo el dinero -más de 30.000 millones de euros, incluidos los 10.200 descongelados el miércoles- debería entregarse al país.