En la operación se realizaron seis registros en España, Francia y Portugal. Las autoridades estiman que desde estos dos últimos países se habrían trasladado a España de manera ilegal más de 18.800 toneladas de residuos. También se realizaron grandes envíos ilegales a terceros Estados.
PUBLICIDADLas autoridades españolas han desarticulado una red criminal dedicada al tráfico ilegal de más de 41.000 toneladas de residuos plásticos que eran enviados a terceros países, en una operación en la que se ha detenido a cinco personas e investigado a otras 15, según informó este martes la Guardia Civil.
Las autoridades han informado en un comunicado que en el operativo se realizaron seis registros en España, Francia y Portugal, y estiman que desde estos dos últimos países se habrían trasladado a España de manera ilegal más de 18.800 toneladas de residuos. El origen de la investigación se remonta a finales de 2022, cuando se localizó un vertedero ilegal en la zona del Bierzo, en la provincia española de León.
Conforme avanzaron las pesquisas, los agentes constataron que la mayor parte de los residuos eran plásticos relacionados con actividades agrícolas en Francia y Portugal. Los desechos plásticos eran entonces transportados por camiones portugueses hasta el vertedero del Bierzo y otras instalaciones clandestinas en La Bañeza (también en León) y en el municipio valenciano de Alberic, según la Guardia Civil.
22.785 toneladas enviadas de forma ilegal
Una parte de esa basura se trasladaría entonces de manera ilegal a lugares como India, Turquía, Vietnam, Malasia, Tailandia, Hong Kong, Pakistán, Reino Unido, Angola, Brasil, Marruecos o Emiratos Árabes. La Guardia Civil española cifra los envíos ilegales detectados en unas 22.785 toneladas.
Las personas investigadas habrían mantenido os con varias empresas relacionadas con la gestión de residuos plásticos con sede en la provincia española de Almería, según la Guardia Civil. En total, se han registrado cuatro empresas vinculadas a 16 sociedades, además de dos viviendas en las que se intervino documentación.
La investigación, realizada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de León, se ha llevado a cabo bajo la dirección del juzgado de instrucción número 1 de Ponferrada y la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Ponferrada, de la provincia de León.