La Comisión Europea no se compromete a emprender acciones legales contra Polonia después de que Donald Tusk amenazara abiertamente con incumplir el Pacto de Migración.
PUBLICIDADLa Comisión Europea se ha visto con dificultades para defender el Pacto sobre Migración y Asilo después de que el primer ministro polaco, Donald Tusk, reafirmara su negativa a aplicar la legislación, poniendo en duda su viabilidad práctica. En particular, la Comisión se abstuvo de comprometerse a emprender acciones legales contra Polonia o cualquier otro Estado miembro que se salte las cinco leyes interrelacionadas del Pacto.
La respuesta contrasta con anteriores declaraciones de altos funcionarios. El año pasado, Ylva Johansson, excomisaria europea de Asuntos de Interior, que participó en las reñidas negociaciones del Pacto, dijo que el Ejecutivo "por supuesto actuaría y utilizaría, si fuera necesario, procedimientos de infracción" contra los países incumplidores.
Su sucesor, Magnus Brunner, asumió un compromiso similar durante su audiencia de confirmación ante el Parlamento Europeo. "Si es necesario y está justificado, se podrían incoar procedimientos de infracción", dijo a los legisladores.
Pero el lunes, la Comisión, encargada de garantizar la correcta aplicación del derecho comunitario, no llegó a repetir esa promesa. "Lo que no vamos a hacer es entrar en una especie de especulación sobre lo que pasaría si ocurre esto o lo otro. No tenemos por costumbre responder a preguntas especulativas", dijo un portavoz de la Comisión.
A la pregunta de 'Euronews' sobre si la Comisión seguía pensando que el Pacto era "vinculante" para los 27 Estados , como había dicho en el pasado, el portavoz se mostró prudente. "El Pacto entrará en vigor a mediados de 2026. Los trabajos están en curso. La Comisión está en estrecho o con todos los Estados y apoya, cuando es necesario, que todos los Estados estén preparados para entonces", dijo el portavoz. El funcionario no utilizó la palabra "vinculante" para describir la legislación.
Tusk dice que no con "punto y final"
El viernes no era la primera vez que Donald Tusk amenazaba con romper el Pacto de Migración, pero sí la primera que lo hacía en presencia de su principal defensora: Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. "Polonia no aplicará el Pacto de Migración de forma que se introduzcan cuotas adicionales de inmigrantes en Polonia", dijo Tusk en una rueda de prensa conjunta.
Aprobado en mayo del año pasado, el Pacto establece un complejo conjunto de normas para gestionar colectivamente la llegada irregular de solicitantes de asilo. Se aplicará a partir de 2026. Su pilar central es un novedoso mecanismo de "solidaridad obligatoria" que dará a los Gobiernos tres opciones diferentes: reubicar a un determinado número de solicitantes de asilo, pagar una contribución financiera o proporcionar apoyo operativo, como personal y equipamiento. Las reubicaciones deben alcanzar los 30.000 al año y las contribuciones financieras, los 600 millones de euros.
Desde el principio hasta el final de las negociaciones, Polonia y Hungría se opusieron enérgicamente al Pacto, en su conjunto, y al mecanismo de solidaridad, en particular, con afirmaciones engañosas de que les obligaría a acoger inmigrantes contra su voluntad.
"No se trata de un debate ideológico. Polonia se encuentra en una situación muy particular. Estamos sometidos a una enorme presión por la inmigración irregular", dijo Tusk el viernes. "Si alguien dice que se espera que Polonia asuma una carga adicional, independientemente de quién lo diga, mi respuesta es que Polonia no aceptará una carga adicional. Y punto".
El primer ministro invocó dos factores para defender su negativa: el gran número de refugiados ucranianos acogidos por Polonia, que cifró en dos millones, y los flujos migratorios que Bielorrusia y Rusia habrían instrumentalizado en la frontera oriental.
A su lado, Ursula von der Leyen, que anteriormente había calificado el Pacto como un logro "histórico" para garantizar el reparto de cargas en el bloque, prometió que la Comisión "tendría en cuenta" y "respetaría" la solidaridad mostrada por Varsovia hacia los ucranianos.
El lunes, la Comisión trató de aclararlo, subrayando que los Estados tendrán "plena discreción" para elegir entre tres medidas de solidaridad, pero nunca estarán "obligados" a reubicar a los solicitantes de asilo si no lo desean. "El Pacto tiene en cuenta la situación migratoria específica de cada Estado miembro y ofrece la flexibilidad necesaria para hacer frente a sus necesidades. Es el caso, por ejemplo, de ofrecer solidaridad a los bajo presión. Y esto podría incluir a Polonia debido al gran número de refugiados ucranianos en Polonia", dijo el portavoz.
Tusk se anticipa con su presión al proceso de concesión de exenciones
Según el Pacto, los países considerados bajo "presión migratoria" se beneficiarán de medidas de solidaridad. Por ejemplo, podrían reubicar a algunos solicitantes de asilo en otro Estado miembro o recibir ayuda financiera y equipamiento. Además, podrán beneficiarse de una exención parcial o total del sistema, lo que significa que no se les pedirá que reubiquen a los migrantes en su territorio ni que contribuyan al fondo común.
Las exenciones se anunciarán en octubre, después de que la Comisión publique su informe anual de evaluación del nivel de presión migratoria. Con sus contundentes comentarios, Tusk parece adelantarse al proceso de la Comisión para garantizar que Polonia se asegure una exención completa.
Sin embargo, no está claro si un país que se niega a aplicar el Pacto podría beneficiarse de las medidas de solidaridad ofrecidas por otros países que sí lo aplican. Anteriormente, Polonia había exigido una excepción a otro elemento del Pacto: los procedimientos fronterizos para registrar a los solicitantes de protección internacional.