Las nuevas directrices presentadas por Bruselas reflejan el giro a la derecha que está remodelando rápidamente la política de migración y asilo del bloque.
PUBLICIDADLa Comisión Europea ha dado su visto bueno político al polémico plan de Polonia de introducir una suspensión territorial y limitada en el tiempo del derecho al asilo, consagrado tanto en el derecho europeo como en el internacional, en respuesta a los flujos migratorios que Rusia y Bielorrusia han armado contra la frontera oriental del bloque.
La aprobación también se aplica a cualquier otro Estado miembro que se encuentre en una situación similar, incluida Finlandia, que ha introducido una ley de emergencia que, de activarse, impedirá a los migrantes presentar solicitudes de asilo y facultará a los guardias fronterizos para hacerlos retroceder.
La suspensión de derechos fundamentales puede permitirse si es proporcionada, temporal y se limita a lo "estrictamente necesario" para hacer frente a la amenaza a la seguridad que suponen Rusia y Bielorrusia, dijo el miércoles el Ejecutivo en unas nuevas directrices.
"La Comisión está aclarando las situaciones excepcionales en las que los Estados pueden tomar también medidas excepcionales", dijo Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia. "Por ejemplo, pueden limitar el ejercicio del derecho al asilo, pero tiene que ocurrir en condiciones muy estrictas y (dentro de) límites legales", aseguró.
La evaluación supone un giro de 180 grados para la Comisión: cuando el primer ministro Donald Trusk presentó por primera vez la iniciativa polaca a mediados de octubre, Bruselas se apresuró a lanzar una advertencia explícita, recordando a Varsovia su "obligación de facilitar el al procedimiento de asilo".
Las organizaciones humanitarias criticaron duramente la propuesta, aún por aplicar, y Amnistía Internacional la calificó de "flagrantemente ilegal". Pero días después, Tusk asistió a una cumbre de líderes de la UE y defendió su plan, presentándolo como una cuestión existencial para la seguridad nacional. El planteamiento de Tusk tuvo éxito e influyó en la redacción final de las conclusiones de la reunión, que se leyeron como un apoyo. "Las situaciones excepcionales requieren medidas apropiadas", escribieron los líderes de la UE.
Las directrices del miércoles consolidan ese principio y presentan una nueva arquitectura que da a las autoridades nacionales un mayor margen operativo para frenar los flujos migratorios que Rusia y Bielorrusia manipulan para sembrar el caos y desestabilizar la política interna.
Este fenómeno, a menudo descrito como guerra híbrida, comenzó en el verano de 2021, cuando Minsk envió un flujo de migrantes a la frontera oriental de la UE a raíz de las disputadas elecciones presidenciales de 2020 en Bielorrusia, que el bloque se negó a reconocer.
Desde entonces, los flujos han disminuido pero han continuado de forma intermitente con la ayuda de Rusia, que ha probado numerosos métodos, como el sabotaje de infraestructuras y el chantaje energético, para tomar represalias contra las sanciones impuestas por la UE por la guerra de Ucrania.
"Tenemos una situación persistente y grave en la frontera oriental con el aumento significativo de llegadas ilegales, en particular en la frontera entre Polonia y Bielorrusia", dijo Virkkunen, acusando directamente al Kremlin de entregar visados de estudiante y turista a inmigrantes con bajos ingresos y de equiparles con "dispositivos" para atacar a los guardias fronterizos europeos. "Realmente hemos pasado al siguiente nivel de amenaza".
Según Frontex, la agencia de fronteras y guardacostas de la UE, la frontera oriental registró 2.683 cruces irregulares de ciudadanos no ucranianos entre enero y noviembre de este año. Las principales nacionalidades fueron Etiopía (426), Somalia (415), Eritrea (405) y Siria (365), naciones asoladas por la guerra que dificultan, cuando no imposibilitan, las expulsiones.
Aun así, los ucranianos que huían de la guerra fueron el grupo más numeroso, con 13.847 cruces fronterizos. (Los ucranianos reciben protección inmediata en virtud de una ley especial de la UE).
Dudas por las devoluciones en caliente
Durante una rueda de prensa, se preguntó repetidamente a Virkkunen si las nuevas directrices permitían a los Estados llevar a cabo devoluciones en caliente de inmigrantes, una práctica proscrita por la UE y el derecho internacional. El martes, Human Rights Watch publicó un informe en el que acusaba a Polonia de expulsar violentamente a los solicitantes de asilo, incluso después de haber cruzado a territorio polaco.
Sorprendentemente, Virkkunen no expresó una oposición categórica a las expulsiones forzosas, como ha hecho tradicionalmente la Comisión en el pasado. Su vaga postura refleja el giro a la derecha que está remodelando rápidamente la política de migración y asilo del bloque.
"Los Estados pueden adoptar medidas excepcionales en este tipo de casos, pero siempre de conformidad con el derecho internacional y también con el derecho de la Unión", dijo la Vicepresidenta cuando se le pidió que respondiera sí o no a la cuestión de las devoluciones. "Aquí no estamos hablando de políticas migratorias. Se trata de seguridad. Es una cuestión de seguridad", respondió cuando se le presionó para que lo aclarara.
Una nota a pie de página en las directrices dice que los Estados , incluso en circunstancias extraordinarias, tienen que respetar el antiguo principio de "no devolución", que prohíbe a las autoridades enviar a los migrantes a un lugar donde corran grave riesgo de persecución, tortura o cualquier otra forma de maltrato.
Sin embargo, la Comisión no precisó si devolver a los migrantes a Bielorrusia supondría una violación de este principio. El informe de Human Rights Watch describía cómo los solicitantes de asilo, tras ser expulsados por guardias polacos, se enfrentaban a duras condiciones en el exterior o a abusos físicos por parte de funcionarios bielorrusos, que con frecuencia los obligaban a regresar a Polonia.
La Comisión tampoco aclaró qué ocurriría con los inmigrantes a los que se deniegue el asilo y, por tanto, se les prohíba entrar en territorio de la UE. Reaccionando a las directrices, Olivia Sundberg, defensora de la migración y el asilo en Amnistía Internacional, advirtió de que las medidas introducidas bajo la apariencia de "circunstancias excepcionales" pueden prolongarse fácilmente 'sine die', creando de hecho una nueva normalidad.
"La Comisión se ha mostrado muy poco dispuesta a cuestionar estas prácticas para garantizar que se ajustan al derecho internacional y de la UE", declaró Sunbderg a 'Radio Schuman', el podcast semanal de 'Euronews'. "Hemos visto muchos discursos, una serie de legislaciones presentadas que normalizan una especie de estado de emergencia en las fronteras europeas".