Un millar de trabajadores europeos de los servicios de limpieza, seguridad y servicio alimentario protestan en Bruselas para exigir que el mercado de contratación pública financie buenas condiciones laborales y objetivos medioambientales.
PUBLICIDADEste martes, cerca de un millar de limpiadores, guardias de seguridad y trabajadores de servicios de restauración de nueve Estados se han concentrado en Bruselas para pedir condiciones de trabajo justas y una reforma de las directivas de la UE sobre contratación pública.
Con banderas sindicales en el corazón del barrio europeo de Bruselas, los trabajadores se quejaron de los bajos salarios, la sobrecarga de trabajo y la falta de reconocimiento profesional de su labor.
"Las condiciones de trabajo son cada vez peores", dijo una limpiadora del Parlamento Europeo durante una reunión con eurodiputados el martes, añadiendo que "antes tenía tres horas para hacer un determinado trabajo y hoy sólo tengo una hora para hacer la misma cantidad de trabajo".
Mientras algunos trabajadores han iniciado una huelga en el aeropuerto de Charleroi el martes, interrumpiendo los vuelos desde los principales aeropuertos de Bruselas, otros procedentes de países como Alemania, Francia, España e Italia se concentran ante la sede de las instituciones europeas para presionar a los responsables políticos de la UE.
¿Qué piden los trabajadores?
Los trabajadores esenciales piden a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que revise urgentemente las normas sobre contratación pública, que las autoridades públicas de la UE utilizan para adjudicar contratos a empresas privadas para que suministren obras, bienes y servicios.
"La solución es asegurarnos de que utilizamos el dinero público como palanca para mejorar las condiciones de los trabajadores", dijo Olivier Roethig, secretario regional del sindicato de servicios UNI Europa, añadiendo que el dinero público no puede ir a "malos empleadores".
Von der Leyen ha encargado al francés Stéphane Séjourné que revise las directivas de contratación pública de la UE, que rigen la forma en que las autoridades públicas de la UE gastan cada año alrededor del 14% del PIB (unos 2.000 millones de euros) en la compra de bienes y servicios en sectores que van desde la energía y el transporte hasta la sanidad y la educación.
Séjourné tendrá que "simplificar las normas" y "reducir las cargas istrativas" para garantizar la seguridad del suministro de tecnologías vitales y permitir la preferencia de los productos europeos, pero en su carta de objetivos no menciona la sostenibilidad ni los aspectos sociales.
"Lo que ella (Von der Leyen) no ha dicho es cómo quiere cambiarlos, y por eso también creo que es el momento perfecto para una manifestación aquí, y para presionar por propuestas concretas sobre cómo podemos reforzar los criterios sociales en la directiva", dijo a 'Euronews' la eurodiputada Li Andersson (Finlandia/La Izquierda).
La reforma de 2014 es ineficaz, según los auditores de la UE
El mercado de la contratación pública de la UE se ha vuelto menos competitivo en la última década, en parte porque la mayoría de los contratos se siguen adjudicando a la oferta más baja, centrándose más en el coste que en la relación calidad-precio, según el último análisis del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE). Las últimas cifras disponibles muestran que en ocho Estados más del 80% de los contratos se adjudicaron a la oferta más baja.
Además, el número de licitadores por procedimiento cayó de una media de 5,7 a 3,2 entre 2011 y 2021, y los procedimientos de contratación actuales duran ahora una media de 96,4 días, frente a 62,5 días.
El bloque reformó las normas en 2014 para abordar estos problemas, pero desde la reforma de 2014 no se han simplificado los procedimientos, no se ha mejorado el de las pymes y los aspectos innovadores y sociales solo se han tenido en cuenta de forma limitada, concluyen los auditores de la UE.
Para los representantes del sector, los problemas existentes en el mercado de la contratación pública se deben a la ineficacia en el cumplimiento y la aplicación de las normas y, en contra de la opinión de los sindicatos, una revisión del marco no es una solución adecuada.