La declaración del alto representante de la diplomacia europea se produjo 24 horas después de que la ley se aprobara en su tercera y última lectura en el Parlamento georgiano.
PUBLICIDADJosep Borrell ha denunciado a Georgia por aprobar la llamada 'ley rusa' en tercera y última lectura. En una declaración firmada conjuntamente con la Comisión Europea, Borrell afirma que la legislación va en contra de las ambiciones de adhesión de Georgia a la UE y debe ser eliminada en su totalidad.
"La adopción de esta ley afecta negativamente al progreso de Georgia en la senda de la UE. La decisión sobre el camino a seguir está en manos de Georgia", escriben. "Instamos a las autoridades georgianas a retirar la ley, mantener su compromiso con la senda de la UE y avanzar en las reformas necesarias".
La declaración, sin embargo, no esboza ninguna represalia explícita ni consecuencias para el proceso de adhesión, que comenzó en diciembre tras la declaración de Georgia como país candidato a la UE, cumpliendo así un objetivo largamente codiciado pero difícil de alcanzar. "La UE está dispuesta a seguir apoyando a los georgianos que trabajan por un futuro europeo", dice la declaración.
En un principio, el responsable de la política exterior comunitaria tenía intención de publicar un comunicado colectivo para denunciar la legislación, firmada por los 27 Estados justo después de la tercera lectura, el martes por la tarde. Pero, según diplomáticos en Bruselas, el plan fue vetado por Hungría y Eslovaquia, cuyos primeros ministros han adoptado políticas favorables a Rusia y tienden a resistirse a declaraciones demasiado críticas contra el Kremlin y sus aliados internacionales. "Uno se escondía detrás del otro", dijo un diplomático a 'Euronews'.
Ante la falta de unanimidad, la idea pasó a ser que Borrell emitiera una declaración conjunta con Oliver Várhelyi, comisario europeo de Vecindad y Ampliación, como hicieron ambos cuando el Parlamento georgiano aprobó la ley en segunda lectura. Pero eso retrasó aún más la iniciativa debido a las supuestas desavenencias entre ambos. Al final, la publicación se hizo este miércoles a las 11:00, casi 24 horas después de concluir la tercera lectura. Y, en lugar de con Várhelyi, se firmó con la Comisión Europea en su conjunto.
El retraso fue notable dada la grave situación sobre el terreno y la rápida condena expresada por Estados Unidos. El hecho de que Borrell enviara mensajes en las redes sociales sobre su viaje a Washington y la guerra entre Israel y Hamás no hizo sino aumentar la frustración por su prolongado silencio.
"La UE ha manifestado clara y repetidamente que el espíritu y el contenido de la ley no se ajustan a las normas y valores fundamentales de la UE", dice la declaración.
"Socavará la labor de la sociedad civil y de los medios de comunicación independientes, mientras que la libertad de asociación y la libertad de expresión son derechos fundamentales en el núcleo de los compromisos de Georgia como parte del Acuerdo de Asociación y de cualquier vía de adhesión a la UE".
Mientras tanto, los ministros de Asuntos Exteriores de Lituania, Estonia, Letonia e Islandia aterrizaron en Tiflis para mostrar su apoyo a los manifestantes y reunirse con la presidenta Salome Zourabichvili, que ha prometido vetar la ley.
"La ley de 'agentes extranjeros' es incompatible con las normas de la UE. Esta ley no se puede arreglar, porque está fundamentalmente rota", declaró el lituano Gabrielius Landsbergis.
Actuación policial "inaceptable"
Según la nueva ley, los medios de comunicación y las organizaciones sin ánimo de lucro de Georgia deberán registrarse públicamente como "que persiguen los intereses de una potencia extranjera" si reciben más del 20% de sus fondos del extranjero. También estarían obligados a declarar los ingresos recibidos y a presentar un balance financiero anual.
El Ministerio de Justicia de Georgia estaría facultado para supervisar el cumplimiento de las obligaciones y sancionar las infracciones.
Desde que se presentó el texto, la oposición y la sociedad civil habían dicho que las disposiciones de la ley serían explotadas para exponer, atacar y eventualmente silenciar a las voces independientes que se niegan a seguir la línea oficial del Gobierno.
Muchas ONG que operan en el país reciben donaciones occidentales, una tendencia que se remonta a la transición de la república soviética a la democracia. Grupos conocidos como Transparencia Internacional y Amnistía Internacional serían etiquetados como "agentes extranjeros".
El primer ministro georgiano, Irakli Kobakhidze, sostiene que la ley "crea fuertes garantías de paz y tranquilidad a largo plazo" y ayudará a superar la polarización política. De manera controvertida, Kobakhidze ha vinculado a las ONG financiadas con fondos extranjeros con intentos revolucionarios entre 2020 y 2023, un punto ampliamente desacreditado por Bruselas y Washington.
El texto ha sido denominado la 'ley rusa' porque tiene similitudes con un proyecto de ley que el Kremlin presentó hace una década para silenciar las voces críticas.
Además del fondo legislativo, el Gobierno georgiano ha sido criticado por su dura represión de los manifestantes, que han salido en masa a la calle para exigir la anulación del proyecto y la continuación de la integración europea.
Una encuesta publicada el año pasado mostraba que el 89% de la población georgiana apoya la adhesión a la UE y el 80% a la OTAN. En la misma encuesta, el 87% de los encuestados señalaba a Rusia como la mayor amenaza política y económica.
"La UE está con el pueblo georgiano y su elección en favor de la democracia y del futuro europeo de Georgia", declararon Borrell y la Comisión. "La intimidación, las amenazas y las agresiones físicas a representantes de la sociedad civil, dirigentes políticos y periodistas, así como a sus familias, son inaceptables. Pedimos a las autoridades georgianas que investiguen estos actos documentados".
Antes de la tercera lectura, un grupo multipartidista de eurodiputados redactó una carta conjunta en la que pedía a Borrell que preparara sanciones contra Kobakhidze y los legisladores que apoyaron el proyecto. También pidieron a Várhelyi que canalizara fondos adicionales hacia la sociedad civil georgiana y se abstuviera de iniciar conversaciones de adhesión mientras la polémica legislación siga vigente.