Budapest parece estar dando largas a la presentación de una imagen realista de las perspectivas económicas de Hungría, según una carta de la Comisión Europea a la que ha tenido 'Euronews', la última disputa potencial en un patrón de empeoramiento de las relaciones con Bruselas.
PUBLICIDADLos planes fiscales de Hungría carecen de información significativa y se basan en datos poco fiables, ha afirmado el comisario europeo Valdis Dombrovskis en una carta al ministro de Finanzas, Mihály Varga, fechada el jueves 5 de diciembre y a la que ha tenido 'Euronews'.
Budapest parece dar largas a la hora de presentar a Bruselas unas previsiones económicas realistas, lo que forma parte de un creciente enfrentamiento entre ambas partes.
Dombrovskis, comisario europeo de Economía, ha declarado que "en esta fase, todavía faltan elementos importantes, o que requieren más ajustes y especificaciones, para que la Comisión pueda finalizar su evaluación" del Plan Fiscal a medio plazo de Hungría.
La Comisión también destaca problemas con los datos sobre crecimiento económico, inflación y gasto en intereses, y afirma que las desviaciones de la metodología propia de la Comisión deben estar "debidamente justificadas".
Se supone que el análisis expone cómo planea el Gobierno de Viktor Orbán volver al equilibrio fiscal en los próximos años, después de que se suavizaran las estrictas normas de gasto de la UE en medio de la pandemia de cólera y la consiguiente crisis energética.
Pero la evaluación completa del Ejecutivo comunitario "puede llevar algún tiempo... dada la amplitud de la información que falta", lo que podría alargar el plazo desde el 12 de diciembre hasta mediados de enero del año que viene, según la carta.
Multas por incumplimiento
El Tratado de la UE limita la deuda que pueden contraer sus Estados y, en principio, las infracciones pueden dar lugar a multas, aunque rara vez o nunca se imponen medidas tan severas.
El objetivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento es evitar turbulencias económicas en la eurozona, como las que se produjeron en Grecia tras la crisis financiera mundial de 2008, pero las normas también se aplican, aunque de forma menos estricta, a países que no comparten la moneda, como Hungría.
Según los criterios de Maastricht de la UE, la deuda pública pendiente no debe superar el 60% de la producción económica anual, o PIB, y el déficit presupuestario no debe ser superior al 3%.
Estas restricciones presupuestarias se suspendieron en gran medida durante los derroches gubernamentales de la pandemia y la crisis energética que rodeó la invasión rusa de Ucrania, pero vuelven a estar vigentes desde este año.
Al parecer, Hungría se retrasó en la presentación de su Plan fiscal, por lo que no pudo ser evaluada a finales de noviembre junto con la mayoría de los demás Estados de la UE.
En vista de los problemas políticos internos, la Comisión había dado a otros cinco de la UE un plazo adicional para presentar sus propuestas de déficit. Entre ellos están Alemania, que ha convocado elecciones anticipadas para febrero, y Bélgica, que sigue intentando formar una coalición de Gobierno tras las elecciones federales de junio.
Sólo uno de los 21 países restantes recibió un suspenso por sus planes fiscales en noviembre. La Comisión reprendió a los Países Bajos, tradicionalmente halcón fiscal, por un déficit que se prevé aumente del 0,2% este año al 2,4% en 2026, debido en parte a los recortes del impuesto sobre la renta y al aumento de la inversión pública.
Impacto tóxico en la política Interior
Conformarse con las exigencias de Bruselas puede tener un impacto tóxico en la política interior. El Gobierno del primer ministro francés, Michel Barnier, cayó esta semana después de que los legisladores se negaran a apoyar su plan de siete años para reducir el déficit de Francia, que con un 6,2% es el más alto de la eurozona. Hungría también se acerca al final de unos complicados seis meses en los que ha presidido los debates entre los Estados en el Consejo de la UE.
Budapest ha vetado repetidamente las sanciones y otras medidas adoptadas contra Rusia en respuesta a la invasión de Ucrania, y se ha negado a aplicar las sentencias de los Tribunales de la UE sobre derechos de asilo, lo que ha llevado a Bruselas a suspender lucrativos fondos de la UE.