El cambio en la normativa es una de las primeras consecuencias de la caída de SVB y Credit Suisse.
PUBLICIDADMientras los mercados vuelven poco a poco a la normalidad tras semanas de turbulencias, la Comisión Europea ha dado a conocer un nuevo conjunto de normas para proteger aún más los depósitos, evitar las quiebras bancarias y garantizar que los contribuyentes no acaben pagando la factura cada vez que una entidad financiera sea víctima de su propia mala gestión.
Las normas se centran en la resolución, el proceso específico para los bancos en quiebra que son demasiado grandes y relevantes como para someterse a un procedimiento ordinario de liquidación, ya que ello podría desencadenar inestabilidad financiera y perjudicar a la economía en general.
La resolución se considera menos perjudicial que la liquidación y permite a los bancos insolventes continuar con sus operaciones críticas, incluidos los préstamos y los pagos, mientras se lleva a cabo una reestructuración.
Bruselas quiere ampliar los criterios de resolución y hacer que los bancos medianos puedan usar herramientas que normalmente se reservan a sus homólogos más grandes, como la venta parcial del negocio o la transferencia de depósitos de un banco en dificultades a otro más saneado.
La reforma mantiene la protección legal de los depósitos de hasta 100.000 euros, pero abre la puerta a blindar importes superiores derivados de acontecimientos vitales como herencias y transacciones inmobiliarias. La protección se ampliará a colegios, universidades, hospitales, istraciones municipales y empresas de inversión, entre otros.
En caso de que un banco tenga problemas, el primer remedio seguirán siendo sus propios recursos de absorción de pérdidas, que las entidades deben mantener siempre en un nivel mínimo fijado por ley.
Si estos recursos no bastan para salvaguardar los depósitos, el banco podrá recurrir a los Sistemas de Garantía de Depósitos (SGD) o al Fondo Único de Resolución (FUR), dos fondos de emergencia que sostienen los propios bancos e instituciones financieras en función de su tamaño y riesgo.
Estas redes de seguridad financiadas por el sector evitan el uso del dinero de los contribuyentes para subvencionar rescates bancarios y su utilización estará sujeta a estrictas condiciones.
Se prevé que los DGS y el SRF alcancen los 55.000 y 80.000 millones de euros, respectivamente, a finales de 2024. "Se trata del dinero de los bancos, no de los depositantes", ha dicho este martes Mairead McGuinness, comisaria europea de Servicios Financieros, al presentar la legislación. "No vamos a mantener con vida a los bancos en quiebra con ese dinero", ha indicado. Al final, el banco insolvente se retirará del mercado, ha señalado McGuiness.
Colapso ordenado
La propuesta del martes, cuya publicación se ha retrasado varias veces, llega tras la quiebra consecutiva de tres bancos estadounidenses -Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate Bank y Signature Bank- y la absorción por el gobierno de Credit Suisse, el segundo mayor prestamista de Suiza.
La convergencia de estos acontecimientos en un periodo de tiempo tan corto hizo temer un efecto dominó y una nueva crisis financiera que podría haber agravado el ya profundo impacto conómico causado por la guerra de Rusia en Ucrania, la escasez de energía y la inflación desbocada.
Aunque el peor de los escenarios no se ha materializado hasta la fecha, la sola posibilidad de que se produjera fue suficiente para que los responsables políticos se volvieran a poner manos a la obra con una de las tareas pendientes del bloque: la Unión Bancaria.
A día de hoy, el tercer pilar de la Unión Bancaria, denominado Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (SEGD), sigue estancado en las negociaciones desde 2015, ya que los países discrepan sobre cómo diseñar una red de seguridad supranacional que conceda el mismo nivel de protección a todos los depósitos de la zona del euro, independientemente de la ubicación del banco o de la salud fiscal del país.
Ante la imposibilidad de compartir los riesgos, la Comisión Europea ha optado por una especie de paso intermedio: armonizar y reforzar las normas sobre rescate bancario y garantía de depósitos.
La última versión del marco de gestión de crisis bancarias y garantía de depósitos (CMDI) reelabora normas que existen en la actualidad pero que no están disponibles de manera uniforme ni son aplicadas por todos los de la eurozona. Esto significa que la propuesta evita la división política que supondría la creación de un nuevo sistema para toda la UE, como el previsto en el tercer pilar pendiente de la unión bancaria.
En la práctica, el CDMI es un intento de cubrir el vacío legislativo entre los grandes bancos considerados "demasiado grandes para quebrar", que se gestionan mediante resolución, y los bancos de pequeño tamaño, cuya liquidación suele llevarse a cabo mediante procedimientos judiciales ordinarios.
La Comisión no ha especificado cuántos bancos de la eurozona entrarían en la categoría de medianos y, por tanto, se beneficiarían de las normas revisadas. En su lugar, corresponderá a las autoridades nacionales determinar caso por caso si un banco con problemas es lo suficientemente importante como para someterse a un proceso de resolución o liquidación.
El objetivo último del Ejecutivo es que el colapso sea lo más ordenado posible, generar confianza entre los depositantes y evitar retiradas precipitadas como la que precipitó la caída del Silicon Valley Bank.
Los proyectos de ley serán negociados y probablemente modificados por los Estados y el Parlamento Europeo antes de entrar en vigor. "No esperamos debates fáciles", ha dicho Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, durante la rueda de prensa. Preguntado sobre si la propuesta de 2015 para completar la Unión Bancaria seguía siendo válida después de un bloqueo tan prolongado, Dombrovskis ha dicho que el texto seguía siendo "pertinente".