El Tribunal Constitucional exige seis de los nueve magistrados para destituir a Yoon, pero quedan tres escaños vacantes.
PUBLICIDADEl principal partido de la oposición surcoreana presentó el jueves una moción para destituir al primer ministro y presidente en funciones, Han Duck Soo, por su falta de voluntad para cubrir tres vacantes en el Tribunal Constitucional. Los nombramientos son críticos, ya que el tribunal se prepara para revisar los cargos de rebelión contra el presidente destituido Yoon Suk Yeol, derivados de su breve decreto de la Ley Marcial del 3 de diciembre.
La disputa sobre los nombramientos en el Tribunal Constitucional ha agravado el bloqueo político del país, paralizando la diplomacia de alto nivel e inquietando los mercados financieros. La Asamblea Nacional, controlada por la oposición, también aprobó mociones pidiendo el nombramiento de los tres magistrados.
En respuesta, Han reiteró en una declaración televisada que no haría los nombramientos sin el consentimiento bipartidista. El presidente de la Asamblea Nacional, Woo Won Shik, criticó la reticencia de Han, diciendo que "infringe el derecho de la Asamblea Nacional a seleccionar a los magistrados del Tribunal Constitucional".
El conservador Partido del Poder Popular de Yoon, cuyos boicotearon mayoritariamente la votación, argumentó que Han no debería ejercer la autoridad presidencial para nombrar a los magistrados mientras Yoon siga formalmente en el cargo. El Partido Demócrata ha acusado a los conservadores de paralizar el proceso judicial para salvar la presidencia de Yoon. El líder del Partido Demócrata en el hemiciclo, Park Chan Dae, criticó a Han diciendo: "Carece tanto de las cualificaciones para ejercer como presidente en funciones como de la voluntad de defender la Constitución". La votación sobre la destitución de Han podría tener lugar el viernes.
Centrarse en mantener la estabilidad
Los poderes del presidente Yoon fueron suspendidos el 14 de diciembre después de que la Asamblea Nacional votara su destitución por un intento de apropiación del poder. El Tribunal Constitucional, actualmente falto de tres jueces, necesita que seis de sus nueve apoyen la destitución de Yoon para poner fin formalmente a su presidencia.
Han ha defendido su postura afirmando que "un presidente en funciones debe centrarse en mantener la estabilidad en la gobernanza para ayudar al país a superar la crisis, absteniéndose al mismo tiempo de ejercer poderes significativos, incluidos los nombramientos en instituciones constitucionales". Además, Han dijo: "retendré el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional hasta que los partidos gobernante y de la oposición presenten una propuesta consensuada".
Aparte del bloqueo del Tribunal, Han se ha enfrentado a la reacción de la oposición por sus vetos a las leyes agrícolas y su negativa a aprobar las investigaciones sobre Yoon y las acusaciones de corrupción que implican a la esposa de éste, Kim Keon Hee.
En caso de destitución, el viceprimer ministro Choi Sang Mok asumiría las funciones de Han. El umbral legal para destituir a un presidente en funciones sigue siendo ambiguo. Mientras que la mayoría de los funcionarios pueden ser destituidos por mayoría simple en la Asamblea Nacional, la destitución de un presidente requiere dos tercios de los votos.
El Partido Demócrata, que cuenta con 170 de los 300 escaños, necesitaría el apoyo adicional de otros partidos para alcanzar esa mayoría. Yoon, por su parte, ha evitado las citaciones de las fuerzas de seguridad en relación con cargos de rebelión, incluida una petición el día de Navidad, y ha bloqueado los registros en su despacho.
La Oficina de Investigación de la Corrupción de Altos Funcionarios ha citado a Yoon para interrogarle el domingo por acusaciones de abuso de autoridad y orquestación de una rebelión. Las autoridades ya han detenido a varios altos cargos, entre ellos el ministro de Defensa y el jefe de Policía de Yoon, implicados en el intento de aplicación de la Ley Marcial. El abogado de Yoon, Yoo Seung Soo, defendió las acciones de su cliente, afirmando que el decreto de Ley Marcial pretendía "hacer sonar la alarma contra... los abusos políticos" y no constituía una rebelión.