La irlandesa Emily O'Reilly dejará pronto su cargo de Defensora del Pueblo Europeo tras más de una década en el puesto. Bajo su mandato, la gobernanza del bloque se ha hecho más transparente y responsable, pero cree que aún queda trabajo por hacer.
La Comisión Europea debe rendir más cuentas, ser más transparente sobre los poderes que la influyen y estar abierta a escuchar a todas las partes interesadas. Estos son los puntos clave que expone Emily O'Reilly, Defensora del Pueblo Europeo, nuestra invitada en 'The Global Conversation'.
PREGUNTA: Después de casi una década, pronto dejará su trabajo como Defensora del Pueblo Europeo, controlando el nivel de transparencia de las instituciones de la Unión Europea. Pero aún queda mucho trabajo por hacer. Y hace muy poco, la semana pasada, abrió una nueva investigación sobre la decisión de la Comisión Europea de aligerar en cierto modo algunas de las normas relativas a la Política Agrícola Común, que desembolsa mucho dinero para los agricultores que han protestado enérgicamente durante este año. ¿Cuáles son las explicaciones que espera de Ursula von der Leyen? Me parece que usted pidió una reunión.
RESPUESTA: Sí, inspeccionaremos los documentos relacionados con este asunto y entrevistaremos a los funcionarios implicados. Básicamente, como usted ha dicho, se trata de la Política Agrícola Común y de los cambios que se hicieron para que los agricultores tuvieran que hacer algo menos oneroso y menos difícil en relación con la protección del medio ambiente. Y, por supuesto, recordará que hubo grandes manifestaciones de agricultores en esta ciudad y en otros lugares. Y a raíz de eso, se hicieron estos cambios.
Las organizaciones de protección del medio ambiente se mostraron preocupadas porque, según la queja que recibimos, sólo se consultó a las organizaciones agrarias. Así que intentamos averiguar qué pasó, cómo se hicieron esos cambios. ¿A quién consultaron? ¿Qué se tuvo en cuenta? Y una vez obtengamos esas respuestas, tomaremos una decisión sobre si lo han hecho correctamente o si tenemos que hacerles recomendaciones sobre cómo hacerlo en el futuro, o simplemente darles orientaciones generales sobre cómo deben gestionar adecuadamente estas cuestiones concretas que preocupan enormemente a los ciudadanos.
P: Entonces, ¿se trata de una percepción de cierta injusticia en el tratamiento de las diversas partes interesadas en este asunto?
R: Creo que sí. Y ese ha sido en cierto modo uno de los temas de nuestro trabajo, porque gran parte del trabajo que hemos realizado, si hay un tema general en gran parte de él, es la influencia. Quién influye en los reglamentos, las leyes que Bruselas hace. Y usted sabe que Bruselas es un enorme centro de lobby, el segundo mayor centro de lobby en el mundo después de Washington.
Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se elaboran los reglamentos y quién influye en ellos. Y parte de nuestro trabajo, cuando recibimos quejas o iniciamos investigaciones por iniciativa propia, es asegurarnos de que la Comisión, por ejemplo, o las demás instituciones, escuchan a todas las partes y no toman decisiones demasiado influidas o inadecuadas por una de las partes del debate.
P: El lobbying, como usted ha dicho, es extremadamente importante. Pero la mayoría de los grupos de presión están registrados y son bien conocidos. Lo que puede ser un poco más secreto son los asesores, los expertos que de alguna manera son invitados. En relación con este caso, hubo noticias de este académico alemán que podría haber recibido 150.000 euros por un periodo de seis meses para asesorar sobre agricultura. Así que, ¿esto también contribuye a esta percepción de que no hay tanta claridad en la transparencia sobre quién toma las decisiones o quién está dando este asesoramiento?
R: Sí. Bueno, mucha gente habla de la Comisión como de una istración enorme y en realidad es bastante pequeña en relación con las istraciones de los Estados . Así que, obviamente, no tienen toda la experiencia interna que necesitan a la hora de elaborar y asesorar sobre los reglamentos. Por eso recurren a expertos de los distintos sectores en los que trabajan.
Y una de las investigaciones que hicimos hace unos años fue explorar el equilibrio de estos grupos de expertos. Y, por supuesto, si eres una gran empresa, por definición, tienes mucho dinero y puedes pagar a mucha gente para que sean tus ojos y oídos en Bruselas y averigüen qué está pasando. Si eres una ONG con menos presupuesto, no tienes la misma capacidad de desplegar a mucha gente para averiguar lo que sea que necesites averiguar. Y, por tanto, la Comisión tiene la obligación de asegurarse de que las voces de las ONG, la sociedad civil y otras, sean escuchadas tanto como las de los demás.
P: ¿Y cree que el equilibrio es mejor después de todos estos años en los que se ha dedicado a observar?
R: Creo que sí. Creo que hay una mayor conciencia de ello, desde luego dentro de la Comisión, tanto por el trabajo que hemos hecho nosotros como por el que han hecho los medios de comunicación, la sociedad civil y otros. Pero a veces siguen surgiendo problemas, y a veces se analizan caso por caso. Pero creo que en general, culturalmente, hay una mayor aceptación de la necesidad de un mayor equilibrio cuando se deciden cuestiones importantes de interés público. Hay que escuchar la voz de todos.
P: Uno de los casos más sonados en los que se vio implicada Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, fue el intercambio de mensajes con el director ejecutivo de Pfizer durante la crisis de la COVID-19 por un contrato sobre vacunas. La presidenta se ha negado hasta hoy a hacer pública esa información, ese contenido. Usted lo considera mala istración pero, de alguna manera, ella no ha escuchado mucho estos consejos o estas críticas que recibe. ¿Valora ella estas críticas?
R: Bueno, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se va a ocupar ahora de todo esto. Veremos qué pasa entonces. Hicimos una serie de preguntas y descubrimos mala istración, sobre todo porque al principio la Comisión no aceptó que estos mensajes de texto fueran documentos. Pero no hace falta ser un genio o un abogado para ser capaz de leer el Reglamento 1049 y ver que son documentos, porque no es el medio lo que importa. Lo que importa es el objeto.
Así que, por lo tanto, si estás 'texteando' o 'WhatsAppeando' o lo que sea que estés haciendo con los asuntos que tienen que ver con el negocio de la institución, entonces son documentos. No significa que tengan que ser divulgados inmediatamente. Pueden ser probados con las exenciones que se encuentran en el Reglamento 1049. Pero encontramos mala istración porque inicialmente no aceptaron que eran documentos, que en mi opinión, claramente lo son. Así que no pasó nada en relación con eso, fui crítica con la Comisión y luego el New York Times, que fue el medio de comunicación que originalmente informó sobre esto, ahora han llevado a la Comisión a los tribunales. No sabemos cuándo se celebrará el juicio, pero creo que será bueno para todos. El más alto tribunal de la UE aclarará esta cuestión.
P: ¿Pero cree usted que se ha aprendido algo, que de alguna manera Ursula von der Leyen ha corregido su comportamiento en ese sentido?
R: Bueno, no sé lo que hace a diario. Estoy segura de que presta atención, por supuesto. Pero, desde luego, en la Comisión hemos mantenido conversaciones con ellos, y sé que la Comisión ha dado ahora orientaciones a su personal en relación con la conservación de los mensajes de texto y cómo deben registrarse y publicarse adecuadamente y todo eso. Así que creo que la generalidad de esa cuestión está siendo tratada.
Y creo que todos sabemos ahora que si estamos haciendo negocios en nuestro WhatsApp o Snapchat o lo que sea que estamos haciendo negocios en, que tenemos que saber, sin duda si usted está en la istración pública, que son potencialmente divulgables.
P: Como ha mencionado, estos mensajes son documentos. ¿Diría que el a los documentos es probablemente una de las mayores quejas que reciben?
R: En general, la transparencia es un tema importante. Creo que aproximadamente una cuarta parte o más de las reclamaciones que recibimos se refieren a la transparencia en general, y al a los documentos. Y como ya he dicho antes, es donde recibimos más críticas. Quiero decir, en general, estamos bien con la Comisión, trabajamos muy bien con ellos de hecho, en a documentos y en casos también. Pero puede haber enormes retrasos. Y cuando los documentos contienen cuestiones que pueden ser consideradas, digamos, políticamente sensibles por la Comisión, entonces puede haber retrasos que van más allá de los retrasos permitidos por la ley.
El año pasado presentamos al Parlamento un informe especial sobre este tema. Sólo lo he hecho dos veces en los últimos once años. Así de importante lo consideré. El Parlamento apoyó abrumadoramente el trabajo que habíamos realizado, las recomendaciones que habíamos hecho.
Veremos qué pasa ahora con la nueva Comisión y si se han aprendido esas lecciones concretas, porque a veces la gente piensa que cuestiones como la transparencia y el a los documentos son cosas que sólo conciernen a las ONG, la sociedad civil, los académicos y el Defensor del Pueblo. Pero son de vital importancia porque los ciudadanos tienen derecho, según el Tratado de la UE, a participar en la vida de la Unión.
P: ¿Diría que se trata de una cultura del secretismo o es simplemente que las burocracias intensivas ponen demasiadas dificultades para dar al documento?
R: Creo que no. Creo que el reflejo en la mayoría de las istraciones públicas es ponerse a la defensiva y pensar ¿puede esto meternos en problemas? Pero la posición por defecto en relación con el en los tratados y el reglamento es publicar, es dar. Así que tan pronto como se obtiene a los documentos, se dice, ¿cómo puedo liberar esto? Mientras que suele ocurrir lo contrario.
¿Cómo puedo evitar que esto se publique, si se trata de un tema en particular? Quiero decir, la Comisión dirá: "bueno, damos miles de documentos y se aceptan tantos por ciento de nuestras solicitudes iniciales", pero no estamos hablando de la gran mayoría de los casos. Estamos hablando de aquellos casos en los que hay asuntos de gran interés público sobre medio ambiente, Seguridad de la Defensa Relaciones Internacionales, por ejemplo.
P: Y volvamos a la Comisión Europea en el sentido de que Ursula von der Leyen ha sido reelegida. Ella ha presentado a los 26 nominados para el futuro ejecutivo. El Parlamento Europeo examinará, en una primera fase, el currículum y las declaraciones financieras. ¿Cree que el Parlamento tiene suficientes herramientas para escrutar realmente si hay sospechas de conflicto de intereses?
R: Es una buena pregunta. El Parlamento tiene ciertos poderes de investigación, pero no los mismos poderes, por ejemplo, que tendría la Fiscalía Europea, por ejemplo, o la OLAF que es la agencia anti fraude. Así que creo que podría ser un problema con algunos comisarios designados. No tengo ni idea.
Pero creo que lo más importante es si este Parlamento desempeñará realmente su papel de mecanismo de rendición de cuentas para la Comisión. Que se asegure de que la comisión rinda cuentas. Y, con el tiempo, algunos parlamentos lo hacen de manera muy firme. Otros no tanto. Así que probablemente sea demasiado pronto para saber lo fuerte que será este parlamento en particular en relación con el grado en que hace que la comisión rinda cuentas.
P: Recordemos el escándalo de corrupción en el que se vieron envueltos del Parlamento Europeo a finales de 2022, llamado ‘Qatargate’, aún abierto también en los tribunales. ¿Son las nuevas normas lo suficientemente estrictas como para evitar que los del Parlamento Europeo recién elegidos cometan irregularidades?
R: Las normas se han endurecido en relación con la grabación de las reuniones que mantienen y todo eso. Así que no pueden simplemente pasearse en privado y reunirse con la gente, especialmente si están implicados en un expediente. Pero nuestro problema ha sido -aunque estamos satisfechos con ello-, ¿cuál va a ser el seguimiento? Es decir, ¿qué ocurre si se descubre que alguien ha infringido una norma concreta? Porque ni la Comisión ni el Parlamento, sobre todo el Parlamento, se han librado de la autorregulación.
En el Parlamento hay un comité que examina las supuestas infracciones de los diversos códigos y normas, etc. Pero luego informan al presidente y es éste quien toma la decisión. Hubo una iniciativa para que expertos independientes, personas independientes, formaran parte de esta comisión, pero fue rechazada por el Parlamento. Así que los de la comisión son parlamentarios. Nada que ver, estoy segura de que son gente buena, maravillosa y honrada.
P: De hecho, creo que usted criticó mucho en su momento que se resistieran a que la OLAF, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, investigara también sus negocios. ¿Debería ser una opción?
R: Bueno, eso ha sido un gran problema entre la OLAF y el Parlamento. La OLAF cree que, en virtud de su estatuto, tiene derecho a investigarlo del mismo modo que puede investigar a cualquier otra institución: puede entrar en su despacho, puede mirar su ordenador, etc. El Parlamento no está de acuerdo. Así, por ejemplo, cuando ocurrió lo del ‘Qatargate’, fueron, creo, los servicios de seguridad de Bélgica y quizá de otros países los que descubrieron todo aquello, no fue nuestra propia agencia antifraude. Y sé que el jefe de la OLAF ha insistido en que el Parlamento debe permitirles el mismo que las demás instituciones. Así que eso está en marcha.
P: Quizá sea su sucesor quien deba ocuparse de ello. Otra cuestión muy importante durante estas transiciones tras las elecciones es que muchos funcionarios, incluidos comisarios, se marchan y trabajan para el sector privado. Es el llamado 'fenómeno de las puertas giratorias'. ¿Ve señales de que esta vez las cosas puedan ser diferentes? Porque ya hay casos, gente de la Comisión, del departamento de Competencia, un director del Banco Europeo de Inversiones. ¿Es esto sólo la punta del iceberg?
R: Creo que la presidenta Von der Leyen ha escrito a los comisarios salientes recordándoles sus obligaciones en relación con los periodos de 'enfriamiento' y todo eso. Y, de nuevo, es una cuestión de si esto va a ser supervisado adecuadamente. Quiero decir, cuando la gente se va, no está muy claro si están violando algunos de los códigos que se supone que se aplican a ellos o las normas o protocolos, se sabe cómo esto va a ser monitoreado. Ha sido un proceso muy lento conseguir que la comisión, en particular, intente realmente cambiar su cultura en relación con una mayor comprensión de por qué esto es importante y de los perjuicios que pueden causar ciertos casos de ‘puertas giratorias’.
P: Así que entre las instituciones que la Defensora del Pueblo supervisa, están también las agencias de la UE, concretamente Frontex. Usted es muy crítica con la Agencia de Control de Fronteras y Guardacostas de la UE, especialmente en relación con el caso de la tragedia del barco de Adriana. Más de 500 personas murieron entonces, el año pasado, en el mar Mediterráneo. ¿Cuáles deberían ser los cambios en materia de salvamento marítimo?
R: Estábamos examinando específicamente a Frontex, que es la Agencia de Guardacostas y Fronteras, y por lo tanto la gente esperaría que tuvieran un papel en la búsqueda y rescate. Pero nos dejaron muy claro que no son una operación de búsqueda y rescate. Están ahí para vigilar.
P: ¿Usted piensa que esto debería cambiar?
R: Sí, pero descubrimos realmente en el curso de nuestra investigación que no existe ninguna operación proactiva de búsqueda y rescate en la UE.
P: ¿Debería ser un esfuerzo europeo, como lo fueron en el pasado, tras la guerra de Siria?
R: Exactamente. Así que muchas ONG que intentaron llevar a cabo estas misiones de rescate en el Mediterráneo fueron amenazadas con ser perseguidas o procesadas. También descubrimos que Frontex, una vez que se produce uno de estos incidentes, está bajo el control de la autoridad del Estado miembro que dirige la operación. Así que Frontex no puede actuar de forma independiente.
Y en cuatro ocasiones, cuando el barco estaba ahí fuera y antes de que volcara, Frontex intentó ponerse en o con las autoridades griegas para ofrecer ayuda. Las autoridades griegas simplemente no respondieron, la guardia costera griega. Así que cuando juntamos todo eso, básicamente se lo entregamos a los legisladores: "Esta es la brecha entre lo que los ciudadanos probablemente piensan que pueden hacer y lo que realmente ocurre en la práctica según la ley, etc. Y si quieren arreglar esa brecha, arréglenla."
P: Hay que cambiar la forma de operar de Frontex. Así que el paquete de Migración y Asilo es también otro reto clave en este asunto. Plantea cuestiones no sólo de legalidad, sino yo diría de justicia, de decencia, de humanismo. Y ahora existe esta política de externalizar la gestión a países de fuera de la UE: Túnez, Egipto, Líbano. ¿Cuáles son los mayores riesgos que ve en esta estrategia?
R: Se han hecho muchos reportajes excelentes sobre lo que está ocurriendo en algunos de estos países. Esta misma semana o la semana pasada, el periódico británico 'The Guardian' publicó un amplio reportaje sobre lo que está ocurriendo con los inmigrantes en Túnez. Y como sabe, la UE tiene ahora un memorando de entendimiento con Túnez, por el que le da dinero a cambio de que le ayude a impedir que los migrantes crucen. Y la propia Comisión sabe que eso es arriesgado para ella, porque no puede saber que se están cometiendo abusos.
P: Pero, ¿puede remediarse esto ahora, una vez detectado y anunciado?
R: Pues, uno esperaría que así fuera. Quiero decir, una de las cosas que hemos estado analizando, cuando preguntamos a la Comisión si habían llevado a cabo una evaluación de impacto sobre los derechos fundamentales antes de elaborar los datos: no, no lo hicieron. Pero tienen cláusulas de derechos humanos en los contratos que tienen con los organismos de ejecución, dijeron los organismos que gastan el dinero en Túnez.
P: Así que, de nuevo, se trata de supervisar y hacer un seguimiento de esas cláusulas.
R: Sí, exactamente. La cuestión es, en primer lugar, es muy difícil presentar una queja en relación si sientes que los abusos se han producido. Pero, en segundo lugar, la cuestión es si la UE está dispuesta a detener la financiación o a retirar el dinero si considera que se están violando los derechos humanos. Entiendo lo políticamente difícil que es. Tenemos una Europa que se está desplazando ligeramente hacia la derecha, donde la migración se utiliza como instrumento de poder o por determinados grupos, determinados líderes políticos.
P: Estamos a punto de terminar nuestra entrevista. He mencionado que lleva una década haciendo este trabajo. ¿Cuál es la principal conclusión que saca de toda la experiencia y la gente que ha conocido a lo largo de este tiempo? Y si pudiera dar un consejo o sugerencia a su sucesor, ¿cuál sería?
R: Mi consejo sería “haz lo que se supone que tienes que hacer”. El Defensor del Pueblo Europeo es una pequeña oficina con un gran mandato. Es el perro guardián de toda la istración europea. No es una oficina pequeña que recibe pequeñas quejas y agacha la cabeza. Realmente tiene que habitar ese papel. Y eso es lo que he intentado hacer en los últimos 11 años.