Bolivia lleva casi un año esperando nuevas elecciones. Ahora, dos partidos están exigiendo la anulación de la personería jurídica del MAS, lo que inhabilitaría a su candidato a participar en los próximos comicios.
PUBLICIDADBolivia lleva casi un año esperando nuevas elecciones. Los comicios, previstos en mayo, se aplazaron inicialmente hasta septiembre a causa del nuevo coronavirus. Ahora, las autoridades han fijado el 18 de octubre como fecha límite. Una decisión que ha enfurecido a una parte de la población, especialmente a los seguidores del partido de Evo Morales, que se oponen al Gobierno transitorio de Jeanine Añez.
Una vez más, las manifestaciones se han apoderado de Bolivia, pero esta vez, en medio de una pandemia. Y el país está polarizado, como pocas veces lo ha estado en las últimas décadas.
Nuevos líderes han surgido tras la renuncia de Evo Morales. Y aunque difieren en muchos aspectos, tienen algo en común: impedir que el Movimiento al Socialismo (MAS), que ha gobernado el país por casi 14 años, vuelva al poder.
Dos frentes políticos están exigiendo la anulación de la personería jurídica del MAS, lo que inhabilitaría a su candidato a participar en los próximos comicios. ¿Es realmente posible?
¿Por qué el MAS podría perder su sigla?
La denuncia principal en contra de este partido se debe a que el 14 de julio de 2020, el candidato del MAS Luis Arce, evocó una encuesta interna sobre las elecciones durante una entrevista en el canal de televisión boliviano Abya Yala, y afirmó que su partido sería el ganador.
En Bolivia, el artículo 136 de la Ley del Régimen Electoral 026 afirma lo siguiente: “Las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral, por cualquier medio, serán sancionadas por el Órgano Electoral Plurinacional con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica”.
Bajo esta razón, Juntos, el partido de Jeanine Añez, y Creemos, el de Luis Fernando Camacho, denunciaron al MAS ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
En su defensa, el MAS pidió al TSE que su caso se transfiera al Tribunal Constitucional Plurinacional (T), alegando que el artículo sobre el que se basan las acusaciones es inconstitucional.
El TSE procedió a lo solicitado, pidiendo también que se analice el caso de otros tres frentes políticos: Juntos, Creemos y Comunidad Ciudadana, el partido de Carlos Mesa. Todos están acusados de haber cometido la misma falta.
¿Una historia de revancha?
El problema de las acusaciones reside en el pasado de otros partidos mientras Evo Morales estaba en el poder.
En 2015, durante el Gobierno del MAS, el TSE inhabilitó al postulante favorito y a otros 227 candidatos del partido opositor Unidad Demócrata en las elecciones regionales del departamento del Beni, basándose en la misma ley. En ese momento, la oposición también juzgó que esta acción era inconstitucional.
Hoy, algunos de los partidos que denunciaron una guerra en su contra, están adoptando las mismas medidas que en su momento habían criticado.
¿Es posible que ocurra lo mismo que en 2015?
Los expertos concuerdan en que hay una disputa entre lo que está escrito y lo que pasa en realidad, tomando en cuenta el contexto tan complejo por el que atraviesa el país.
Lo que dice la Ley
Para Franklin Pareja, politólogo y profesor de Cátedra en la Universidad Mayor de San Andrés, si se observa la situación desde una perspectiva jurídica, la sigla del MAS debería anularse.
“Existe jurisprudencia con el año 2015”, explica.
Sin embargo, para el experto, “no todos los bolivianos son iguales ante la Ley” y esta sería una más de las pruebas.
Pareja está de acuerdo con que todos los frentes políticos habiendo cometido esta infracción deberían recibir la misma sanción. Sin embargo, considera que la anulación de la personería jurídica es una decisión “desproporcionada” y que debería buscarse otra solución.
¿Puede fallar el TSE sin que el T se pronuncie?
Para Iván Lima, exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia, el hecho de que el caso haya pasado a manos del T hace que las posibilidades de la anulación se la personería jurídica del MAS sean remotas. Primero en términos de trámites y de tiempo, demorados por la pandemia y con las elecciones cada vez más cerca. Y segundo, por la Ley 254 del Código Procesal Constitucional, que impide al TSE pronunciarse antes de que el T haya declarado si el artículo es o no constitucional.
Además, el exmagistrado afirma que “tampoco hay un argumento de justicia” y que el hecho de quitar la sigla al MAS sería “desproporcionado” y “no sería justo”.
Lima afirma que lo sucedido en 2015 y 2020 es diferente. En el caso de las elecciones regionales del departamento del Beni, se convocó a una conferencia de prensa para comunicar resultados de una encuesta interna. En el caso de Luis Arce, la encuesta se evocó durante una entrevista mientras el periodista hacía las preguntas.
“La decisión es desproporcionada en ambos casos”, afirma, explicando que también se violaría los derechos de los ciudadanos que desean expresar su voto el 18 de octubre.
Pareja al contrario, declara que mientras el T no se pronuncie, la constitucionalidad de la ley sigue vigente, por lo que el TSE podría fallar incluso sin la decisión del T.
¿Y si se declara constitucional el artículo?
Los expertos concuerdan que la situación actual no permite que una decisión de tal magnitud se lleve a cabo. Sobre todo después de “cómo las cosas han terminado” con el mandato de Evo Morales, explica Marcelo Arequipa, experto boliviano en Ciencias Políticas.
Para Pareja, el TSE, al transmitir el caso al T, “ha tenido un cálculo político y de temor” por el conflicto social que estallaría en el país. Esto, explica, perturbaría nuevamente la realización de las elecciones.
Mano dura contra el MAS como estrategia política
Pero esta denuncia podría ser parte de la estrategia que está adoptando el Gobierno de Jeanine Añez para ganar parte de los votantes, explica Arequipa.
La presidenta interina de Bolivia, Camacho y Mesa se disputan por el mismo electorado. Con estas medidas, Añez estaría demostrando “que es diferente a la tibieza de Carlos Mesa”, algo que sus opositores le reclaman, y a “la agenda radical de Camacho”.
“Para eso, tiene que tener mano firme contra el MAS, porque es un bloque antimasista”, explica Arequipa.
El Gobierno de Añez también ha acusado múltiples veces al MAS de ser una organización criminal. Las manifestaciones que impidieron el paso del oxígeno y que causaron la muerte de más de 30 personas durante la pandemia del COVID-19 hacen parte de estas acusaciones.
Sin embargo, Arequipa explica que todas las denuncias “necesitan un juicio” y que “todas las sentencias son apelables”.
“No veo que la anulación del MAS sea posible”, afirma.
Por otro lado, Pareja explica que los que creen que la anulación de la sigla del MAS haría desaparecer al partido como fuerza política están equivocados. Si esto llegara a suceder, el MAS sería “la víctima” de la situación y esto “podría reavivar el carácter simbólico de la lucha popular”.
Las últimas encuestas sitúan a Luis Arce casi a la par de Carlos Mesa, y todo apunta a una segunda vuelta. El MAS nunca había tenido tan poco apoyo. Jeanine Añez se sitúa en el tercer lugar, antes de Luis Fernando Camacho y Tuto Quiroga. El porcentaje de indecisos ha crecido, por lo que su voto será decisivo.