Jessica Rodríguez, expareja sentimental del exministro de Transportes José Luis Ábalos, compareció este jueves ante el Tribunal Supremo donde realizó varias declaraciones controvertidas que han captado la atención en la investigación por presunta corrupción.
PUBLICIDADDurante su testimonio en la mañana del jueves 27 de febrero, Rodríguez afirmó desconocer quién pagaba el alquiler del lujoso apartamento en Plaza de España (Madrid) que habitó entre 2019 y 2022, mientras mantenía una relación con Ábalos. El inmueble, con un coste mensual de 2.700 euros, constituye una pieza clave en la investigación.
Según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el alquiler habría sido costeado por Luis Alberto Escolano, presunto testaferro del comisionista Víctor de Aldama, a través de una sociedad durante tres años. Escolano, a quien Aldama guardaba en sus os como "hermano", está imputado en el caso Koldo en la Audiencia Nacional.
Rodríguez reconoció que Escolano era su o para problemas relacionados con el apartamento, y que encontró la vivienda a través de Koldo García, exasesor de Ábalos. Sin embargo, insistió en desvincular completamente al exministro de cualquier gestión relacionada con el inmueble.
Empleos en empresas públicas sin asistencia laboral
Otro aspecto destacado de su declaración fue la isión de que no acudía a trabajar en las dos empresas públicas que la contrataron durante el mandato de Ábalos: INECO y TRAGSATEC, ambas dependientes del Ministerio de Transportes y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
Rodríguez negó haber pedido a Ábalos que intercediera para conseguir estos empleos, afirmando que las contrataciones se gestionaron a través de Koldo García y su hermano Joseba.
Su intento de desvincular a Ábalos de estas contrataciones contrasta con pruebas recabadas por la Policía Judicial, entre ellas una conversación de WhatsApp entre el exministro y Koldo García. En estos mensajes, Ábalos envió a García una captura de comunicaciones que le había remitido Rodríguez avisando sobre la expiración de su contrato en INECO.
García respondió: "Madre mía, ya lo avisé. Esto es demasiado, hay que pasarla a otro sitio y luego vuelve, lleva ya 18 meses". A lo que Ábalos contestó: "Díselo a ella".
Conexión con el caso de mascarillas
Esta investigación forma parte de un caso más amplio centrado en presunta corrupción en contratos de compraventa de mascarillas durante la pandemia. El pago del alquiler habría sido, según la investigación, una contraprestación a Ábalos a cambio de adjudicaciones públicas.
Mientras tanto, el exministro ha solicitado al juez del Supremo la devolución de su pasaporte, argumentando que no huirá de la justicia dado que es diputado. La contratación de Rodríguez en las empresas públicas podría constituir un presunto delito de tráfico de influencias, uno de los múltiples asuntos que afectan al exministro en esta investigación en curso.